La defensa de Díaz Rato recuerda que la Audiencia descartó la malversación

José Luis Díaz Rato. / S. S. M.
José Luis Díaz Rato. / S. S. M.

En sus alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, habla de indefensión y de la prescripción de eventuales responsabilidades

M. M. C. GIJÓN.

Viliulfo Díaz, abogado de José Luis Díaz Rato, exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, en el caso que se sigue contra él y el expresidente Fernando Menéndez en el Tribunal de Cuentas (por supuesta responsabilidad contable por alcance en la obra de ampliación de El Musel, y en el que se les pide el pago más de 135 millones de euros), ha presentado la contestación a las demandas de la acusación y recordó que en el procedimiento que por el mismo asunto se sigue en la Audiencia Nacional «ya se ha descartado definitivamente la figura del delito de malversación de caudales públicos». Además, apuntó que la instructora de un informe elaborado por el propio Tribunal de Cuentas «concluyó que no había responsabilidad por alcance».

En las 48 páginas de contestación a las demandas, el letrado también alega indefensión de José Luis Díaz Rato «por no haberse entendido con él las actuaciones previas», así como que, en el caso de que hubiera habido eventuales responsabilidades contables, éstas habrían prescrito «una vez transcurrido en exceso el plazo de prescripción de cinco años» desde que el exdirector del puerto recibió la primera notificación sobre su supuesta responsabilidad contable (12 de abril de 2018) y su cese del cargo en El Musel (19 de octubre de 2011).

En el escrito, la defensa también argumenta la validez del modificado de la obra de ampliación y que supuso un sobrecoste al puerto, y que se aprobó «cumpliendo todos los requisitos legales, disponiendo de los preceptivos informes previos favorables de Puertos del Estado, de la Inspección General del Ministerio de Fomento y de la Abogacía del Estado».

Solicita el sobreseimiento de las actuaciones contra los investigados

Por todo ello, el letrado solicita el sobreseimiento de las actuaciones y que se condene en costas a las partes demandantes, es decir, Abogacía del Estado y Fiscalía.

 

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