Las defensas de Rexach y Díaz Rato dicen que el 'caso El Musel' «se ha desinflado»

Agustín Azparren, que fue juez de la Audiencia Provincial y vocal del Consejo General del Poder Judicial, explicó que «para dar paso a un juicio oral hay que tener algo más que indicios. Se necesitan pruebas». Y, en su opinión, ahora «hay menos indicios que al principio del procedimiento». De todas formas, apunta que «hay un paso significativo. Se había hablado del mayor fraude de la historia de España y al final se ha quedado en dos delitos: el de prevaricación, que lleva una pena de inhabilitación, y el de fraude, que el Ministerio Fiscal dice que hay que aplicar con la norma de 2015, pero no se puede hacer, sino la anterior, que indica penas de uno a tres años». En opinión del letrado, «los delitos quedan muy desinflados».

Por su lado, Viliulfo Díaz se mostró muy crítico tanto con el informe del fiscal como con el auto de la jueza Carmen Lamela, aunque indicó que «el mejor tratado es Díaz Rato. Tras la lectura de los documentos hay que preguntarse por qué está aquí». Díaz también se mostró disconforme con que el fiscal quiera aplicar la ley de 2015 para el delito de fraude, «una ley que no estaba vigente en ese momento. No se puede aplicar una norma que no existía. La de ahora prevé penas de dos a seis años y la que estaba vigente en el momento de los hechos era de uno a tres años». El caso es que el letrado cree que la jueza se limitó a copiar el escrito del fiscal.

Viliulfo Díaz también apunta a varios errores que hay en los documentos del fiscal y la jueza, y cree que el ministerio acusador «deja estos dos delitos por no dar su brazo a torcer». Pero se pregunta qué harán en este asunto la nueva abogada general del Estado, Consuelo Castro, y la presidenta de Puertos del Estado, María Ornella. Por eso, Díaz reconoce su «cabreo» y su firme intención de «recurrir en reforma, porque es una vergüenza. La jueza copió al Ministerio Fiscal y no cambió ni la imputación».

Pero, ¿cómo han tomado este auto sus defendidos? Agustín Azparren resalta que se haya eliminado uno de los delitos más graves que se achacaban a Fernando Menéndez Rexach, como era el de malversación de caudales públicos, con importantes penas, aunque «él tenía la esperanza de que se dictara el sobreseimiento, por tantos meses que ha tardado el fiscal en formalizar su escrito. Se supone que era porque había dudas. Tenía la esperanzan de que se archivara. Ahora los delitos quedan muy desinflados, lo que tiene su parte positiva, pero continúa la pena pública más la de banquillo, si se llega a celebrar el juicio».

En cuanto a José Luis Díaz Rato, su abogado, Viliulfo Díaz, apunta que «no está contento pero reconoce que hicimos un buen trabajo. No en vano, fuimos nosotros los que metimos en este caso a los dos únicos políticos -Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado-. Pero sabíamos que iba a pasar esto».

También hizo referencia Viliulfo Díaz al duro tratamiento que tuvieron en sus documentos el fiscal anticorrupción y la jueza con el abogado del Estado José María Alcoba, al que dice «le dan duro. Es una cabronada. Pero lo meten a él en el asunto porque si no, no hay prevaricación». Aunque a Alcoba solo se le achaca un presunto delito de prevaricación, para él si podría tener una gran trascendencia, ya que la posible pena supone la inhabilitación para cargo público, lo que implicaría que perdería su empleo como abogado del Estado.