El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue las clínicas iDental

Concentración afectados iDental el pasado junio./D. Arienza
Concentración afectados iDental el pasado junio. / D. Arienza

Carmen Flores subraya que no solo se ha dejado a miles de pacientes con sus tratamientos sin terminar, sino que tienen «un contrato que les une indefectiblemente al pago de unas cuotas mensuales» por un servicio que no van a recibir

EFE

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha solicitado a la fiscal superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández, que proceda a la apertura de una investigación sobre el funcionamiento de las clínicas iDental y requise las historias clínicas que han sido denegadas a los pacientes que se han sentido «engañados» ante la supuesta «estafa» por su cierre.

En un escrito remitido a la Fiscalía, Carmen Flores expone la situación de indefensión en la que, según su relato, se han encontrado los pacientes de las clínicas Idental quienes, a pesar de haber adelantado parte del coste de sus tratamientos, han visto cómo se han quedado con sus intervenciones sin terminar y han perdido su dinero.

Flores remonta la situación al año 2015, cuando Idental, a través de una campaña publicitaria, ofrecía tratamientos bucodentales «a precios muy bajos, presentándose como un proyecto empresarial de responsabilidad social», amparada por la colaboración con distintas fundaciones, asociaciones y fundaciones de integración social, que supuestamente subvencionaban los tratamientos a personas de bajos ingresos e incluso con riesgo de exclusión social.

A través de este sistema, Idental logró que numerosos clientes se sintieran interesados por el bajo coste de sus tratamientos y, aunque posteriormente los pacientes se encontraron con que el coste «real» del tratamiento no se correspondía con el coste «inicial», decidieron asumirlo a través de las «subvenciones» o «ayudas» que les ofrecían y que oscilaban entre el 60% y el 90%, desconociendo «cómo se subvencionaban».

Carmen Flores ha recordado a la Fiscalía que, a partir del cierre de las instalaciones, el pasado mes de junio, se ha dejado «a miles de pacientes con sus tratamientos sin terminar y lo que es peor, con un contrato que les une indefectiblemente al pago de unas cuotas mensuales a favor de la entidad financiera para el pago de un tratamiento que no se va a finalizar o, en su caso, con un tratamiento ya abonado, sin que el mismo vaya a ejecutarse por la clínica».

Entre las consecuencias colaterales que la presidenta del Defensor del Paciente ha constatado figura igualmente la falta de acceso de los pacientes a su documentación, de forma que sus historias clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen y documentación económica relativa al pago de los tratamientos han quedado en los archivos de la clínica.

Esta falta de documentación está impidiendo a los pacientes recurrir al asesoramiento de otros facultativos, ya que, en la mayoría de los casos, deben iniciar de nuevo todas las pruebas, con el coste que ello implica.

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