El fiasco de la depuradora del este en Gijón supondrá para España al menos 30 millones en multas de la UE

EL COMERCIO ha recopilado los documentos oficiales sobre los pagos hechos a Bruselas, de dónde se saca ese dinero, y qué ocurrió con el intento del Gobierno central por repercutir las facturas en el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Es la historia de una de las mayores sanciones que la UE ha aplicado a España.

La noticia saltó en julio de 2018. El Tribunal de Justicia de la UE condenaba a España por los incumplimientos más graves de la directiva de 1991 sobre aguas residuales. Era la segunda vez que lo hacía. En 2011 había dictado una primera sentencia advirtiendo de que 38 grandes aglomeraciones urbanas vertían a mares y arroyos más suciedad de la permitida. Bruselas es paciente con los Estados miembros. Primero la Comisión Europea avisa, pide avances, algo que justifique la espera; si no lo recibe, busca esa primera sentencia, que sigue siendo un aviso. Si la situación persiste, vuelve a los tribunales, esta vez proponiendo un castigo económico al país rebelde. La sentencia estableció una primera multa «a tanto alzado»; es de 12 millones y castiga los incumplimientos que desde el fallo de 2011 se incurrió en 17 aglomeraciones. A esas alturas ocho de ellas ya habían estrenado depuradoras. Para que el resto siguieran ese camino, se fijó otra sanción coercitiva, a pagar cada seis meses, de 10,95 millones. El importe se reduciría conforme entraran en servicio las instalaciones que faltaban.

España abonó la multa a tanto alzado el 11 de octubre de 2018. El agujero en las cuentas afectaba a los ministerios para la Transición Ecológica (por ser el responsable de la situación de las aguas), el de Hacienda (que tiene que encontrar el dinero y abonarlo a Bruselas) y también al de Política Territorial. Deciden que los fondos para las sanciones se tomen de la partida presupuestaria que se había reservado precisamente para avanzar en depuradoras. También echan cuentas para repartir culpas. Revisada la situación de cada aglomeración, concluyen que de esa primera factura 1.984.785,93 euros corresponden al núcleo de Gijón este por el volumen de suciedad que ha estado durante años liberando a la mar sin el tratamiento requerido por la norma de la UE. El castigo es consecuencia directa de cómo se gestionó el proyecto para una nueva depuradora en la ciudad. Las obras comenzaron en 2013, adjudicadas por 36 millones, con un proyecto que la ubicaba junto a la urbanización del Pisón. Los vecinos denunciaron que la tramitación se hizo sin analizar todos los perjuicios que iban a sufrir, y en 2016 la Audiencia Nacional les dio la razón y mandó parar las obras.

La Comisión Europea lo sabe, pero con la sentencia en la mano, presiona para que se solvente. En otoño de 2019 pasó la primera multa coercitiva, reducida a 10,36 millones porque Tarifa ya había estrenado depuradora. El cálculo que hace el Gobierno central fija la cuota gijonesa de ese castigo en 4.674.486,89 euros.

Bruselas ya ha pasado las multas semestrales hasta el 31 de julio. En total son 16 los millones abonados a la UE que el Gobierno central atribuye a Gijón pero la cuenta sigue abierta. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente de formalizar un contrato de 5,1 millones para rematar la depuradora del Pisón, tras haberle amparado con otro nuevo permiso ambiental que los vecinos siguen combatiendo en los juzgados. El plazo de los trabajos es de doce meses, lo que supone que la instalación empezaría a funcionar completa a inicios de 2022 en el mejor de los casos. Eso supone tres multas semestrales más, 14 millones.

El Ministerio de Política Territorial abrió un expediente de repercusión de responsabilidades, en el que recordaba que la competencia sobre la depuración de aguas es municipal. Invitó a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas afectadas a que alegaran. En octubre de 2018 la carta llegó al Principado y al Ayuntamiento. Respondieron con el convenio de 2008 por el cual el entonces Ministerio de Medio Ambiente asumía la responsabilidad de ejecutar la obra.

Un consejo de ministros del pasado marzo revisó el asunto y lo zanjó, asumiendo como propia una multa que castiga la situación de Gijón a un ritmo de 25.684 euros al día.