La Fiscalía ordena inspeccionar las residencias para detectar estafas y desatenciones

Una cuidadora acompaña a una mujer de avanzada edad en un centro especializado. / FERNANDO GÓMEZ
Una cuidadora acompaña a una mujer de avanzada edad en un centro especializado. / FERNANDO GÓMEZ

El ministerio público realizó 60 visitas a los 48 centros de mayores y discapacitados del partido judicial gijonés

OLAYA SUÁREZ GIJÓN.

La Fiscalía de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el Manual de Buenas Prácticas, ordenó el año pasado a la fiscalía de Gijón inspeccionar las residencias con una periodicidad al menos trimestral. El objetivo es garantizar la protección a las personas discapacitadas y personas mayores y detectar posibles desatenciones o prácticas ilegales, como estafas o abandonos.

En el partido judicial gijonés desde 2016 se ha procedido a la inspección de los 48 centros asistenciales existentes, «que comprenden centros tanto del núcleo urbano en la zona rural, así como los cuatro centros de internamiento psiquiátrico -tres públicos y un privado- y otros seis centros de alojamiento tutelado para discapacitados», según se recoge en la memoria de la fiscalía del año pasado. Durante el año pasado la fiscalía realizó 60 visitas, es decir, se repitió inspección en el mismo centro. «Todas ellas fueron de naturaleza ordinaria», explican, y no se detectó anomalía alguna.

El Manual de Buenas Prácticas especifica que «en el caso que se constaten actividades de tipo fraudulento o una asistencia precaria o peligrosa para la salud y el bienestar psíquico y físico de los residentes, deberán ejercerse las correspondientes acciones dirigidas a depurar responsabilidades civiles o penales o solucionar el problema». «Para una mejor gestión del control se hace imprescindible potenciar la relación y coordinación con los servicios sociales de la comunidad autónoma», añaden.

No se detectó ninguna anomalía en las inspecciones, según la memoria de la fiscalía

«No se han detectado problemas de entidad en relación a las competencias atribuidas al ministerio fiscal para la protección de personas con discapacidad, más allá de la disfunción que supone la coexistencia de diferentes juzgados de Primera Instancia no especializados, que arrastran las tutelas anteriores a la creación de los dos juzgados con competencia exclusiva en materia y que, en la práctica, conllevan cierta disparidad de criterios. En cualquier caso, esta disparidad se ha abordado desde la especialización y coordinación de los fiscales adscritos con exclusividad al despacho de asuntos dentro de la Sección Civil y la Sección de Familia», señala el ministerio fiscal en su memoria de 2016.

245 internamientos urgentes

A lo largo del pasado año se incoaron un total de 159 expedientes de tutela y curatela (persona nombrada como asistente en atención a determinado tipos de actos) y 245 internamientos involuntarios urgentes en los juzgados de Familia y en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa (perteneciente al partido judicial de Gijón). En esos mismos juzgados de Gijón y Villaviciosa en 2016 se recibieron 206 demandas de modificación de capacidad, de las que 54 fueron presentadas por el ministerio fiscal y mayoritariamente estimadas en primera instancia o apelación.

«La noticia de la posible situación de discapacidad de la persona llega a la Fiscalía a través de la comunicación oficial de servicios asistenciales públicos, servicios sanitarios o centros residenciales, del testimonio de procedimientos judiciales de toda índole, de la inhibición de otras fiscalías o de la solicitud de particulares, sean o no familiares», señala el ministerio fiscal.

Destaca en la memoria «el incremento notable de la comunicación oficial de todo tipo en supuestos de desamparo o riesgo social, que no siempre terminan en procedimientos de modificación judicial de capacidad pero que, en todo caso, obtienen respuesta de la fiscalía a través de los oportunos oficios dirigidos a la intervención de las autoridades competentes y seguimiento de la situación detectada. La investigación de la causa de la incapacidad se dirige, en todos los casos, a objetivar la idoneidad de promover la modificación judicial de la capacidad para la adopción de las medidas que sean necesarias para la protección personal y patrimonial».

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