«La nueva Ley es un ataque sin precedentes hacia todo el personal de la Administración»

Concentración de los funcionarios ante el Palacio de Justicia de Gijón. / CAROLINA SANTOS

Los trabajadores del Palacio de Justicia realizaron esta mañana un paro de media hora para protestar contra una reforma legislativa cuyos términos «abren la puerta a una reducción de empleo y empeoramiento de las condiciones de trabajo»

PABLO SUÁREZ

Bajo una pancarta contra la politización de la Justicia y la movilidad forzosa, los trabajadores del Palacio de Justicia de Gijón completaron esta mañana uno de los paros de media hora que los sindicatos habían organizado como protesta ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a cuyos términos se oponen de forma unánime. «Es un ataque sin precedentes contra el personal», se quejaban desde la concentración. «Vamos a ir a por todas. Estas modificaciones suponen un empeoramiento considerable de las condiciones de trabajo y abren la puerta a una más que probable reducción de empleo», advertían desde STAJ, uno de los sindicatos organizadores.

Esta concentración supone un paso previo a la huelga general de la Administración de Justicia planteada para el próximo 16 de noviembre, y que busca ejercer presión sobre el Ministerio con el fin de paralizar o suavizar el impacto de los cambios previstos por el gabinete de la ministra Delgado. «Unifica en uno solo los centros de destino de cada municipio, aprueba la movilidad forzosa hacia cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, así como prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales cuando sean designados jueces de refuerzo. Es una barbaridad», explicaban los trabajadores de Gijón esta mañana respecto a una ley que también pone en peligro un buen número de puestos interinos.

Para los sindicatos, la «asignación forzosa» de puestos de trabajo refleja una «clara intromisión encubierta» de la clase política en la Administración de la Justicia. «Según esta ley será el Ministerio o el Gobierno Autonómico el que decida en que casos se aplicarán más medios humanos. ¿Alguien piensa que destinarán más personal para investigar la corrupción, o limitarán la plantilla en estos casos?», apuntaban.

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