Gijón deberá reabrir el Muro y poner fin al 'cascayu'

Varapalo judicial al Ayuntamiento. La jueza Estefanía López, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, concede la ejecución provisional de la sentencia que ordena la restitución del tráfico en doble sentido en el Muro, tal y como adelantó ayer EL COMERCIO en su edición digital. El 'cascayu' podría tener las horas contadas. Todo depende ahora de que la asociación Stop Muro, parte denunciante en esta guerra judicial contra el Ayuntamiento, consiga un aval de 47.958,65 euros. López estipula una prestación de caución o garantía a Stop Muro basándose en el artículo 84 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. «Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de esta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder sobre los daños. En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos», dice la ley.

Stop Muro se apunta otro tanto en su batalla judicial contra el Ayuntamiento. Ya van dos. Primero ganaron la demanda contra el 'cascayu' y ahora la jueza les concede la ejecución provisional de ese fallo: su reapertura mientras el Ayuntamiento espera la resolución de su recurso en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el alto tribunal asturiano. En la asociación se muestran optimistas respecto a conseguir la reapertura. «Podemos llegar a juntar ese dinero. Ahora es tiempo de reunirse y de estudiar todas nuestras posibilidades», aseguró Montserrat Medina, representante de la asociación, tras conocer el sentido del auto. Tienen la intención de celebrar una primera reunión hoy mismo.

Si Stop Muro presenta el aval, el Ayuntamiento deberá reestructurar el tráfico en un periodo de tiempo vinculado al que puedan tardar las obras para adecuar la vía. Estos trabajos serían costeados con la garantía de Stop Muro si el TSJA fallara en favor del Ayuntamiento el recurso que tiene pendiente de resolución. Los miembros de la asociación y quienes aporten fondos para la caución perderían la cantidad avalada. Una posibilidad que apenas contemplan los denunciantes. «Nuestros servicios jurídicos apuntan que es muy difícil que ganen el recurso porque la primera sentencia está muy bien fundamentada», explica Medina.

Sobre el auto cabe recurso de apelación, pero «en un solo efecto». Esto quiere decir que una supuesta impugnación del Ayuntamiento no paralizaría el proceso de reapertura si se presentara la fianza en el juzgado gijonés. En todo caso tiene un plazo de quince días a contar desde ayer.

Por el momento, el equipo de gobierno ha rechazado hacer valoraciones a este respecto. La alcaldesa, Ana González, conoció este varapalo judicial durante un viaje oficial a La Coruña. Por su parte, Aurelio Martín, principal valedor del 'cascayu' y concejal de Movilidad en el Ayuntamiento, aseguró el domingo en una entrevista a EL COMERCIO que reabrir el tráfico sería «marear a la gente, porque cuando a finales de año empiece su reforma se volvería a cerrar». Se refiere al plan integral del Muro (presentado días después de que la jueza tumbara el 'cascayu'), que en su primer borrador solo propone un vial de servicio.

«Nosotros respetaremos la decisión judicial o recurriremos a quien corresponda, en función de lo que nos aconsejen nuestros servicios jurídicos. Pase lo que pase con las decisiones que se han tomado en el pasado, lo importante es lo que ahí se va a hacer en el futuro. Hay un proyecto que cada vez apoyan más sectores económicos y sociales y que va a dar un giro muy importante a una zona fundamental», planteó.

La jueza explica en el auto que concede la ejecución provisional porque «no se aprecia que la restitución del tráfico rodado produzca una situación irreversible toda vez que era un carril de vehículos que pasó a destinarse a tránsito de peatones».

En el escrito de apelación presentado por el Ayuntamiento de Gijón a la petición de ejecución provisional, el servicio jurídico municipal se justificó en que aún no había terminado la situación de emergencia sanitaria derivada de la covid-19. En este punto la jueza sostiene en su escrito que «no se aprecia que la supresión del espacio peatonal pueda provocar daños irreversibles en el incremento de contagios o irreparables en el caso de fallecimientos».

La jueza ve oportuna la petición subsidiaria a Stop Muro porque la recuperación del tráfico «implica algo más que la mera restitución del tráfico, debiendo adecuarse y señalizarse la zona, retirarse el mobiliario urbano y efectuarse la protección peatonal».

No ve Stop Muro en este punto satisfecha su petición de no se le solicitara aval. La asociación justificaba que al solo reclamar «los requisitos mínimos para preservar la seguridad en la circulación, no sería preciso fijar fianza alguna, dado que sería de muy difícil cumplimiento para Stop Muro puesto que no tiene acceso por su naturaleza asociativa a lograr un aval bancario».

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