«Se han cargado a mi madre, ya no se vale por ella sola»

Todo empezó con tonto accidente doméstico. Era el 18 de diciembre de 2015. G. G. C., ama de casa gijonesa que por entonces tenía 62 años, estaba limpiando la cocina subida a una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se fracturó el brazo y el tobillo. Ingresó en el Hospital Universitario de Cabueñes para ser intervenida, pero más de seis años después el resultado es que esta mujer, que hoy tiene 68 años, sufre una serie de limitaciones funcionales y afectaciones neurológicas que la han incapacitado. «Ya no volvió a ser la misma. Ahora es como una niña», cuenta su único hijo. La familia tardó en conocer por qué razón su madre sufrió un ictus estando ingresada en el Hospital de Cabueñes por el que tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde estuvo más de dos semanas ingresada en la UCI. Después supieron que fue porque el fármaco anticoagulante (heparina) que se le había prescrito en sustitución del Sintrom, que venía tomando desde hacía una década por una arritmia cardiaca, no le fue suministrado los días 4 y 5 de enero, mientras aguardaba la intervención. Así consta en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid (ya firme) que condena a la aseguradora Zurich a abonar una indemnización de 250.000 euros a la demandante. El caso fue defendido por el abogado Eduardo Curiel, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos del Defensor del Paciente.

La victoria en los tribunales deja no obstante «una sensación agridulce» en la familia. Porque, pese a que «se hace justicia» y se reconoce el derecho a una compensación económica, la realidad es que «se han cargado a mi madre». Como consecuencia del ictus sufre hemiplejia en la parte izquierda del cuerpo, camina con muleta, la vista le ha quedado afectada y sufre episodios depresivos. De llevar una vida activa y completamente autónoma ha pasado a ser una mujer «a la que no puedes dejar sola» porque «ya no se vale por ella», lamenta su hijo.

El Defensor del Paciente pone el foco en una cuestión: «La Administración Sanitaria no supo justificar el motivo por el que no se cumplió la orden médica de administrar la heparina sustitutiva» a la paciente.

Tras el ictus, G. G. C. inició un largo proceso de rehabilitación neurológico, motriz y de logopedia para intentar mejorar su situación. No obstante, en febrero de 2017, «el Servicio de Rehabilitación dio por finalizado el tratamiento al haber agotado todas las posibilidades de recuperación, sin haber logrado que recuperase su autonomía, ni siquiera de forma mínima».

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