'Castillo de Salas', 65.000 toneladas de carbón en las costas asturianas

Situación del granelero embarrancado frente al cerro de Santa Catalina, el 13 de enero de 1986. / E. C.
Situación del granelero embarrancado frente al cerro de Santa Catalina, el 13 de enero de 1986. / E. C.

Los buzos que en otoño visitaron el pecio y las bodegas no localizaron muestras de un mineral que se cree mezclado con arena en el lecho

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

El misterio sigue abierto. ¿De dónde sale el mineral que tizna la playa de San Lorenzo cada cierto tiempo? Una investigación del Instituto del Carbón (Incar) con materiales recogidos en abril detectó hasta un 9,5% de coque en una de las muestras y concentraciones de chares o inquemados que llegaron al 6%; el resto serían carbones de distinto tipo. El 'Castillo de Salas', hundido en 1986, no llevaba coque ni chares, por lo que su presencia en el lecho de la bahía tampoco lo explica todo. La pesquisa sigue abierta y el Ayuntamiento de Gijón acordó colaborar para que progrese. En un avance de resultados los científicos apuntaron que «el gran tamaño de las partículas sugiere que la principal fuente de contaminación podría ser el parque de carbón de Aboño, pero sobre todo la carga y descarga de carbón (y coque) de los buques en el Musel». Matizaron que «no se puede descartar la contribución potencial de algunas partículas de carbón de un desguace en las cercanías de la playa hace 32 años».

El problema para cuantificarlas es que se carece de una muestra indubitada del mineral que iba en sus bodegas. Las que se creían guardadas en la Universidad de Oviedo y el Incar no casan con el carbón recogido en el arenal. La lógica dice que o estaban mal etiquetadas y no corresponden al buque hundido, o ya no llega nada del 'Castillo de Salas'. Los especialistas del Incar, como los de la Universidad, se inclinan por la primera de las hipótesis y, junto al Ayuntamiento, buscan un trozo de carbón del buque o de la mina de la que se extrajo.

Cada dato ayuda. La revisión de la documentación la ha hecho también Ramón Eduardo Fernández-Guerra, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. Analizó los once tomos de la causa que abrió el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, el pleito que llegó al del Penal número 2, los informes en el Archivo Municipal de Gijón, la Comandancia Naval y el registro del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. «Es documentación oficial, prácticamente inédita», concluyó. «Hay una gran distancia entre lo que puede contar una cronología aséptica de los hechos materiales y jurídicos producidos, y la impresión personal que se obtiene al manejar 'los papeles del caso'», dijo.

La anatomía del suceso que realiza en un artículo aporta un nuevo cálculo del carbón derramado. La situación de partida es la de un granelero construido en la factoría de Astano, en Ferrol, entregado en agosto de 1980, con 264 metros de eslora. Su tripulación era de 38 miembros, pertenecía a la flota de Elcano y estaba consignado a Alvargonzález. «En el momento del accidente, transportaba en sus nueve bodegas 99.722 toneladas de carbón siderúrgico en grano muy desmenuzado, que había embarcado en Norfolk, con destino a El Musel, para su consignación a Ensidesa, y una pequeña parte (11.265 toneladas) a la empresa Industria Química del Nalón». Era la sexta vez que, desde el verano de 1985, hacía esa ruta, con idéntica cantidad de carga.

El mineral acabó en el mar, pero no todo en la bahía. «Aunque al principio del siniestro, con la varada, solo hay vías de agua en alguna bodega pero sin derrame, la fractura del navío en dos partes arroja al agua, siempre en números redondos, unas 20.000 toneladas de carbón de las bodegas 6 y 7 de la sección de popa», precisa. «Una semana y pico después, se hunde definitivamente la popa y se pierden otras 20.000 toneladas de las bodegas 8 y 9 de la popa», añade. «En los días siguientes, para reflotar la proa se vierten, voluntariamente (aunque forzados por las circunstancias), algo menos de otras tantas 20.000 toneladas». Es decir, caen «en total entre 60 y 70.000 toneladas en las inmediaciones de la playa de San Lorenzo. El resto, hasta 30.000 toneladas de hulla, se arrojarán al fondo, en alta mar, poco después», con la parte del buque que voluntariamente se llevará para su hundimiento a 4.600 metros de profundidad, en una fosa marina a 39 millas del cabo Peñas.

La mayoría, mar afuera

Frente a la ciudad quedan así unas 65.000 toneladas que, «sin ser muchísimas, bastan para cubrir toda la bahía», cree José Antonio Sáenz de Santa María, decano del Colegio de Geólogos. Un año después de la catástrofe el Instituto Español de Oceanografía emitió un informe advirtiendo de que se había producido una selección «granulométrica», de forma que los trozos más gruesos quedaron en la costa y los más finos fueron a zonas lejanas y dispersas; «la mayor parte del carbón parece haber sido transportado a favor de depresiones mar afuera», apuntaba.

Que el carbón viniera en grano muy desmenuzado facilita esa propagación. «A menor densidad, mayor capacidad de transporte; el material se desplaza más lejos con menos energía», razona Germán Flor Blanco, asesor del Observatorio de la Playa. Flor argumenta que en estos casi 33 años los oleajes y mareas han esparcido el mineral de forma que está mezclado con arena, sedimentado en el lecho.

La última inmersión al pecio, en septiembre y octubre, la hicieron los buzos que a las órdenes de Álex Galán grabaron el documental 'Los vecinos del mar'; confirmaron que el mineral ya no se divisa allí. Ni fuera, ni en las bodegas. «En cuanto a lo visible que puede ser ese supuesto carbón estamos exagerando mucho. En una inmersión no se aprecia carbón», declaró el cineasta.

El dato complica la búsqueda de una muestra original de la carga que llevaba el 'Castillo de Salas'. Un informe pericial tasó en 842,5 millones de pesetas (unos cinco de euros) todo aquel carbón cuyo vuelco fue polémico desde el principio. El granelero varó en la mañana del 11 de enero. Marina Mercante convocó al Principado y al Ayuntamiento a una comisión en la que se discutía qué hacer. La Administración regional siempre se opuso a liberar el mineral como forma de aligerar el peso del buque; llegó a presentar un informe pericial juzgando que «lanzar carbón directamente al mar es inadmisible toda vez que el riesgo que se trata de evitar consiste precisamente en que el carbón se derrame por rotura de lo que resta de buque». Veía margen para descargar el mineral en gabarras, operación que desestimó la Marina Mercante, con otros tres informes periciales respaldándola.

El delito ecológico, descartado

Con el mineral ya en la bahía, el Instituto de Oceanografía comunicó que el mismo «puede no tener efectos tóxicos sobre el medio o los seres marinos» y que las únicas molestias esperadas eran estéticas. El Centre d'etude et recherche des charbonnages -el Incar francés- confirmó luego que no existían efectos tóxicos. Los argumentos reforzaron el archivo de la causa abierta por una denuncia de posible delito ecológico. Las negligencias que los peritos atribuyeron al primer práctico y el capitán también terminaron en archivo al entender que una reforma legal les exoneraba de responsabilidad, algo que el profesor Fernández-Guerra cree es «discutible».

 

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