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Casi 5.000 gijoneses recurrieron en el último lustro a los servicios sociales para poder vivir

El usuario tipo de la Red de Inclusión Activa es un varón soltero, de unos 44 años, español y con estudios primarios completos

Aida Collado

Gijón

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Domingo, 29 de abril 2018, 01:59

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Es varón, en ocho de cada diez casos. Español, soltero y sin hijos a su cargo. Empadronado en Gijón, pero foráneo. Con nacionalidad española. Cuidado con los prejuicios: la mitad ha completado los estudios primarios. Y una cuarta parte, acabó la Secundaria. Las personas que se han visto obligadas a recurrir a la Red de Inclusión Activa de Gijón -antes, denominada Red de Atención a Personas sin Hogar y, en la actualidad, formada por once entidades que prestan diversos servicios sociales en el municipio- dan un perfil que varía poco con los años. Uno en el que nunca pensaron encajar.

En 2017, el porcentaje de hombres se redujo ligeramente, aunque la proporción continúa siendo de tres varones por cada mujer. También cayó la edad, que no alcanzó los 43 años, aunque la media del lustro continúa en los 44. Las cifras hablan por sí solas de lo necesario, por demandado, que resulta este tipo de asistencia en Gijón. En poco más de cinco años, 4.859 personas se aferraron a la red para salir adelante. Casi cinco mil almas, cada una con su historia. Con sus baches y sus oportunidades. O sin ellas. Solo el año pasado se contabilizaron 1.640. El organismo que más ciudadanos registró fue la Fundación Albergue Covadonga. Antes, hasta su cierre en 2013, la entidad que sumaba más usuarios era la Oficina de Información al Transeúnte.

Muchos de quienes acuden a estas entidades no tienen un domicilio fijo. Suelen vivir -por este orden- en la calle (17,2%), en alojamientos colectivos (13%) o en alguna pensión (9,2%). Lógica pura, si se tiene en cuenta que más de la mitad carece de ingresos estables y aquellos que los tienen se limitan, en su mayoría, al salario social, una pensión no contributiva o una prestación del Servicio Público de empleo. Muy pocos, poquísimos, tienen trabajo.

Apenas un 13% de los usuarios son originarios de Gijón. Otros tantos, provienen del resto de Asturias, pero alrededor de dos tercios son de fuera del Principado. Sin embargo, la mayor parte está empadronada en la ciudad. Si se atiende al cómputo total de usuarios, siete de cada diez son españoles, aunque menos del 60% de los que se registraron el pasado ejercicio tienen la nacionalidad. Son muchos más los que dicen hacer un uso intermitente de la red que quienes reconocen un uso continuado, pero la falta de información del 72% de los usuarios impide hacer una radiografía precisa a este respecto.

La mayoría de estas personas están solteras y casi una cuarta parte se ha divorciado. El año pasado el porcentaje de casados que se registró en la red no llegó al 10%. Lo más normal es que no tengan hijos y que, si los tienen, no estén a su cuidado. De este modo se vuelve a la tendencia previa a la crisis, que había cambiado de forma virulenta este parámetro. Hasta 2014 fue en aumento la proporción de personas que tenían responsabilidades de cuidado, pero a partir de ese momento volvieron a descender.

Cerca de 60.000 usos

Hasta ahí, la información que aporta la base de datos compartida por todas las entidades sobre el perfil del usuario. Para profundizar en la utilización que cada persona hace de la red es necesario entender que no todos los usos transmiten la misma información. Por ejemplo: cada vez que a una persona se le entrega un vale para utilizar el comedor social se registra un uso. Pero ese vale puede ser para dos meses o para tres días. Además, hay dos tipos de servicios: aquellos en los que una persona puede repetir muchas veces, como el ya referido comedor o el albergue, y aquellos en los que los usos no se repiten porque el usuario ha de registrarse solo una vez. Este último es el caso de las residencias o de los centros del día, que tras el primer registro son de entrada y salida libre. Hecha la advertencia, los datos continúan siendo impresionantes: los casi cinco mil registrados suman 58.294 usos.

Solo en 2017 ascendieron a 13.294. Esto significa que la red gestionó de media 35 servicios diarios. Ese año, los usos de albergue, comedor y farmacia se mantuvieron estables y disminuyeron los del centro nocturno. 1.548 personas utilizaron el pasado ejercicio alguno de estos cuatro servicios, en los que se puede repetir. Cabe destacar que a lo largo de los últimos ejercicios, han disminuido notablemente los bonos de comedor, por la razón ya apuntada de que en la actualidad se dan más días de comida en cada bono, y han aumentado las concesiones de albergue al aumentar su capacidad.

Resulta evidente que los usos de los servicios de un único registro -los dos centros de día de baja exigencia, las siete residencias y el programa de calle-, son mucho menos numerosos. Los centros de día atendieron a 304 personas y las residencias a 127, que permanecieron una media de ocho meses en ellas. El que tiene una estancia más larga es el dispositivo de alojamiento tutelado Prometeo, por sus características de recurso habitacional con cierta estabilidad.

Por el contrario, las estancias más cortas se corresponden con las camas de emergencia de la residencia de la Asociación Gijonesa de Caridad. El resto, oscilan entre los diez meses de los pisos de Cáritas y los cinco meses y medio de la residencia de la Asociación Gijonesa de Caridad.

La Red de Inclusión Activa nació hace casi seis años del acuerdo de colaboración entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la Asociación Gijonesa de Caridad, la fundación CESPA Proyecto Hombre, la Fundación Albergue Covadonga, la Fundación Siloé y Cáritas Diocesana. A estas se adhirieron dos años más tarde el Banco de Alimentos, Mar de Niebla, Cruz Roja, Asociación Albéniz, ACCEM y Voluntariado Vicenciano. Además, se encuentran pendientes de valoración NACAI y Fundación Secretariado Gitano.

En el verano de 2012 se empezó a utilizar una base de datos compartida entre todas las entidades, donde se registra cada persona que toma contacto con la red y los servicios que se prestan. Esto pretendía dar como resultado un mejor conocimiento de la realidad social y de la intervención que se realiza en el municipio, mejorando la calidad de la información, evitando solapamientos y permitiendo la planificación de actuaciones futuras gracias a una más eficiente detección de las necesidades del colectivo excluido o en riesgo de serlo.

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