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I. V. / L. M.
GIJÓN.
Domingo, 2 de marzo 2025, 01:00
El jefe del servicio de Obras de la Consejería de Salud propuso ya el 24 de junio de 2024 la resolución del contrato con ... la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de los trabajos de ampliación del Hospital de Cabueñes, ahora finalmente suspendidos ante los retrasos acumulados y los sobrecostes puestos sobre la mesa por la empresa para completar su ejecución. Lo hizo en un informe relativo al incumplimiento del plazo que se había marcado para finalizar los trabajos de la estructura del edificio principal. En él se hablaba ya de una situación «irreversible» y además de constatar ese retraso se denunciaban cuestiones como «la mala organización del trabajo, la insuficiente y deficiente calidad del personal de obra y los materiales, el incumplimiento de compromisos técnicos y medioambientales recogidos en la oferta de la adjudicataria y la falta de atención a las instrucciones de la dirección facultativa».
Al contenido de este documento hace referencia un informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre los contratos del Principado, que indica cómo a pesar de esas advertencias «no consta (a octubre de 2024) que el órgano de contratación hubiera iniciado ninguna actuación en relación con las circunstancias puestas de manifiesto» por el jefe del servicio de Obras.
Lo mismo señala con respecto a otro informe del 12 de julio, en este caso firmado por la dirección facultativa de la obra, en el que se hablaba de varias «ejecuciones defectuosas» y la «falta de colaboración de la empresa para su corrección», lo que hacía «inviable que la obra se ejecute con los mínimos de calidad requeridos».
Pese a que se propuso por ello una sanción de 4,9 millones a la constructora –que se sumaría a otra de 2,6 millones que sí fue aprobada en febrero–, el informe de la Sindicatura de Cuentas indica que «no consta que se hubiera abierto expediente en relación con ese cumplimiento defectuoso». Ya en su informe de 2022 la Sindicatura había señalado cuestiones como la insuficiencia de medios adscritos a la obra por parte de la UTE, demoras en la ejecución «que se acumulan desde el comienzo de los trabajos» y la «ineficacia de la Administración a la hora de verificar si se cumple la legalidad» en lo que respecta al control de las subcontratas. Sobre esta última cuestión, el nuevo análisis de este órgano recoge que «aunque se aprecia un esfuerzo» por parte de la consejería «por ejercer ese control, este no alcanza el nivel de eficacia que requiere la Ley de Contratos del Sector Público».
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