El juez atribuye un delito de imprudencia grave al propietario de Desguaces Riestra

Investigado por un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave. El propietario de Desguaces Riestra afronta un procedimiento judicial por el espectacular incendio que el pasado enero asoló la chatarrería de vehículos en la parroquia de San Andrés de los Tacones. Según ha podido saber EL COMERCIO, el informe elaborado por la Guardia Civil a raíz del siniestro recoge anomalías en el sistema de hidrantes que, al parecer, habría sido manipulado y carecía de la presión de agua adecuada.

Fue ese el motivo principal, presuntamente, por el que los bomberos no pudieron abastecerse directamente del caudal y se demoraron las labores de extinción del incendio, que provocó una imponente columna de humo visible desde prácticamente todo el concejo. Fueron necesarias más de doce horas de trabajos al límite por parte de los servicios de extinción de incendios. Finalmente fue necesaria la intervención de los técnicos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para que perforasen las tuberías de la traída de agua y los bomberos tuviesen el suministro de agua necesaria para controlar el fuego.

Entre las supuestas irregularidades detectadas en la instalación está la falta de la autorización medioambiental integrada, obligatoria para este tipo de actividad, a lo que se suma la presencia de vehículos mal descontaminados.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, explicó en la Junta General del Principado semanas después del suceso que «los responsables de la empresa solicitaron la autorización medioambiental en 2015 y si no la han obtenido aún es por una cuestión urbanística, no ambiental». Se refirió a la inclusión de los terrenos afectados por la Zona Logística Industrial y a la necesidad de modificar el plan especial para la inclusión.

Los efectivos de la Guardia Civil encargados de elaborar el informe que se remitió al juzgado de Instrucción número 5 fijan el foco del incendio en las chispas en la maniobra de trituración de un vehículo que al parecer había sido incorrectamente descontaminado. Las chispas procedentes de una fuente eléctrica cayeron sobre una pila de vehículos y prendieron fuego de forma casi instantánea. En pocos segundos se formó una densa columna que disparó las partículas contaminantes detectadas por los medidores del concejo. El incendio comenzó a las cinco de la tarde y los bomberos no pudieron darlo por controlado hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

Las llamas calcinaron varias toneladas de ruedas, vehículos desguazados y residuos apilados en las instalaciones. Hace poco más de un año la misma empresa sufrió un incendio, de menor alcance, pero que obligó a los bomberos a trabajar durante horas para controlarlo.

El juzgado instrucción continúa con la investigación, que podría desembocar en un juicio para el propietario del desguace por un delito contra el medio ambiente.

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Imprudencia grave. El propietario de la empresa Desguaces Riestra, administrador único, se encuentra en calidad de investigado por un delito contra el medio ambiente por su supuesta responsabilidad del pavoroso incendio desencadenado en su empresa de chatarra de vehículos y que quemó más de 3.000 metros cuadrados de residuos.

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Hidrantes manipulados. El informe de la Guardia Civil recoge las anomalías en los hidrantes de la instalación. Al parecer, fueron manipulados y carecían de la presión necesaria para que los bomberos se pudieran abastecer directamente del caudal para sofocar el incendio de enormes dimensiones.

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Falta de autorización. Entre las presuntas irregularidades que presentaba la actividad de Desguaces Riestra estaba la falta de autorización medioambiental integral, que habría sido solicitada en el año 2015 por el propietario pero no le había sido concedida, al parecer, por «problemas de índole urbanística».

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Investigación judicial. El informe elaborado por la Guardia Civil tras el siniestro ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 5, que se hizo cargo de la investigación. El procedimiento penal podría desembocar en un juicio para el propietario del desguace por un supuesto delito contra el medio ambiente.