La jueza del 'caso El Musel' da 10 días para presentar la acusación

La Fiscalía había solicitado disponer de más plazo, pero la magistrada pisa el acelerador para llegar a la fase de juicio

R. MUÑIZGIJÓN.

Hay prisa. El Juzgado central de Instrucción número 3 en la Audiencia Nacional tiene abierta desde 2014 una investigación sobre el 'caso El Musel' y su actual titular, María Tardón Olmos, quiere avanzar hasta la siguiente casilla, el juicio. Por eso acaba de rechazar la petición que le hizo la Fiscalía para ampliar el plazo de presentación de su escrito de acusación. La magistrada-juez le concede diez días para que aclare qué delitos observa en los investigados, y cuál es la condena que propone para cada uno de ellos.

La causa acumula un retraso poco corriente. En julio de 2018, la entonces instructora, Carmen Lamela, acordó la conversión de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Se trata de un paso que empieza a poner fin a la investigación y prepara el pleito de cara al juicio. En la decisión, dijo que no existían pruebas de malversación, y redujo la causa a un supuesto delito de prevaricación continuada y fraude. Las partes formularon recursos, solicitando las defensas el archivo de la causa y las acusaciones que se les permitiera recriminar más delitos.

El fiscal se basó en la existencia de esos recursos para pedir que le suspendieran los plazos que tiene para formalizar la acusación. La magistrada-juez Tardón Olmos informa ahora que todas aquellas impugnaciones han sido resueltas, por lo que apremia al fiscal para que aclare su postura antes de diez días.

La causa ha recuperado el ritmo perdido en el último mes, tiempo en el que Tardón Olmos ha ido denegando uno a uno los recursos de los investigados. Primero rechazó la pretensión de veinte directivos que querían fuera del proceso, aduciendo que los hechos sobre los que se les investiga están prescritos. Entendía que existen indicios suficientes de fraude que deberán terminar de demostrarse o tumbarse en el propio juicio. A otros dos directivos sí que los dejó fuera al entender que carecían de «capacidad decisoria en el ámbito de la ejecución del contrato de obra».

Después llegó el turno del expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y su ex director general, José Luis Díaz Rato. La magistrada recalcó que tuvieron participación en las obras de ampliación desde su fase de proyecto y que existen «indicios suficientes de criminalidad» para ir al juicio. Los últimos recursos denegados afectan al expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y al ex secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, en los mismos términos.

La reactivación del pleito en la Audiencia Nacional coincide con los avances protagonizados por el Tribunal de Cuentas en la causa que tiene abierta por los mismos hechos. La jurisdicción contable celebró ya el juicio en el que se solicita que Menéndez Rexach y Díaz Rato paguen 135 millones de su patrimonio.