La jueza de la obra de El Musel prevé cerrar la instrucción tras las próximas declaraciones

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional no está por la labor de conceder más prórrogas a la instrucción, con lo que ésta cumplirá tres años, desde que el 8 de enero de 2015 el juez Gómez Bermúdez dictara un auto para la apertura de las diligencias previas. Todo partió de un expediente sancionador emitido el 26 de marzo de 2014 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), que había detectado irregularidades en las cuentas de la obra. Este asunto fue llevado por la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Nacional, que comenzó con las primeras investigaciones, producto de las cuales en mayo de 2015 se cita a declarar a los primeros investigados. El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan) pide las primeras imputaciones. En este momento ya un segundo juez estaba al frente del caso. Se trataba de Eloy Velasco, que citó a los expresidente y exdirector del Puerto de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, al tiempo que solicitó diversa documentación a la UTE Dique Torres, que realizó la obra de ampliación de El Musel. Con el tiempo, más de una veintena de personas figuran como investigadas en el procedimiento.

El juez Velasco cedió el testigo poco tiempo después a Juan Pablo González y desde octubre de 2015 la titular del juzgado es Carmen Lamela. Ella fue la que calificó el asunto como complejo, por lo que prorrogó la instrucción del caso y el plazo finalizó ayer. Ahora solo quedan por prestar declaración Manuel Menéndez y Marcos Antuña. Unos días después será cuando Lamela decida, a tenor lo visto a lo largo de la instrucción, si el asunto debe ser juzgado o, por contra, dicta su sobreseimiento. Entre tanto, la veintena de personas investigadas en este proceso se enfrentan hasta a seis delitos; fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales público, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, fraude a la hacienda pública y prevaricación.

Pero es que, además de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, el pasado 20 de octubre se inició otra a instancias del Tribunal de Cuentas, por unas supuestas irregularidades detectadas en el informe de fiscalización sobre la obra de ampliación del puerto de El Musel durante los ejercicios 2012 y 2013.