Un jugador del Gijón Basket investigado por el 'caso Air Ball' regresa a Estados Unidos

«Se ha criminalizado al chaval sin motivo alguno. No es ningún delincuente», afirmaba ayer el director deportivo del equipo gijonés, Chus Poves, quien reiteró la tranquilidad de los responsables del club con respecto a este asunto.

Pese a que, tal y como adelantó EL COMERCIO, el Gijón Basket y el Círculo son dos de los más de treinta equipos investigados dentro de la trama, para localizar el foco de la misma hay que viajar hasta Gerona. Allí se encuentra la Asociación Deportiva Europrobasket International Academy, que se dedica a traer a España jugadores de baloncesto de Estados Unidos y de otros países. Jugadores que pagan una determinada cantidad de dinero a la academia en concepto de estancia en instalaciones deportivas españolas. Estas cifras varían desde los 1.860 euros por un mes a los 4.780 por tres meses. Una vez en España les entrenan y les buscan pruebas en equipos profesionales y semiprofesionales.

Los jugadores, siempre según las pesquisas realizadas por la Policía, acceden al territorio nacional como turistas en régimen de estancia. Una vez son enviados a distintos equipos, son los responsables de esos clubes los que acompañan a los jugadores a los negociados de extranjeros pertinentes al objeto de que obtengan el llamado NIE (Número de Identidad de Extranjeros) a través del que pretenden darles de alta en las federaciones provinciales para que puedan jugar.

Tras obtener el NIE alegando la intención de abrir una cuenta bancaria, las federaciones, «aun contraviniendo sus propios estatutos», realizan las fichas y los jugadores permanecen en España hasta el inicio de la competición, a principios de octubre, y hasta la finalización de las competiciones, en mayo, un mínimo de ocho meses.

De este modo, los jugadores permanecen 90 días en España en estancia, pero a partir de ese plazo permitido por la ley, pasan a permanecer en situación irregular sin solicitar autorización de trabajo ni de residencia. Al parecer, según apuntan las investigaciones, estos jugadores no tienen contrato ni son dados de alta por la seguridad social, tal y como correspondería según la legislación. Además, el auto asegura que son los clubes los que les facilitan un domicilio a los chavales y «les pagan cantidades de dinero sin declarar, lucrándose de esas personas».