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El juicio penal del 'caso El Musel' llegará diez años después de acabar las obras

El juicio penal del 'caso El Musel' llegará diez años después de acabar las obras

La lentitud del pleito desespera a procesados y acusaciones. Podemos recrimina al Principado que «esté siempre del lado de los acusados»

RAMÓN MUÑIZ

GIJÓN.

Domingo, 12 de enero 2020, 01:22

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La Audiencia Nacional acaba de confirmar que en la adjudicación de la ampliación de El Musel en 2005 y el sobrecoste que se aprobó cinco años después encuentra indicios de prevaricación y fraude a la administración. Ordena por tanto ir a un juicio penal para aclarar si en esos años los directivos del Puerto encargaron los trabajos a unos constructores a los que debía haber excluido del concurso, si los de las empresas sabían de antemano que la oferta que presentaban era imposible de cumplir, y si, una vez vistas las dificultades de salir adelante, desde el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado se presionó para aprobar un modificado que permitiera mantener al adjudicatario en el tajo y salvar la obra.

La decisión que confirma que habrá juicio llega ahora, año y medio después de que la entonces instructora, Carmen Lamela, diera por terminada la investigación. La lentitud con la que está avanzando este proceso iniciado a finales de 2014 por denuncias del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan) y la Fiscalía Anticorrupción tiene exasperadas a acusaciones y señalados. «Está claro que la corrupción no interesa y no le ponen medios suficientes a quienes la persiguen», se dice entre los primeros.

Al frente de la instrucción se han ido relevando ya cinco magistrados y cada uno necesitó su tiempo para analizar el pleito y situarse. Afecta también que uno de los fiscales asignados al caso participe también de los casos abiertos al excomisario José Manuel Villarejo, lo que ha mermado su capacidad para atender asuntos como el portuario. Cabe recordar que en 2018 la instructora le dio traslado para que presentara su escrito de acusación, algo que sigue sin hacer.

Rebajas si hay condenas

La tardanza en avanzar alimenta las opciones de que, en caso de condena, las penas deban ser rebajas por ley, para compensar las dilaciones indebidas sufridas por los procesados. Es lo que, por ejemplo, hizo el Tribunal Supremo en septiembre tras revisar la lentitud con la que se tramitó el 'caso Renedo'. Podemos, por cierto, respaldó la acusación en aquel proceso y en este, lo que les lleva a celebrar que avance. «Se está confirmando lo que dijimos, que había indicios de delito en las obras», apreciaba ayer su secretario general, Daniel Ripa. «La denuncia se puso en un momento en el que nadie quería estudiar por qué se habían tirado al mar 100 millones», abundaba. El avance es lento y en él «los acusados siempre han tenido la complicidad del Principado, que en todo momento se ha puesto de su lado y negado la corrupción», afea.

El tiempo que está necesitando la Justicia perjudica a los procesados. Entre las defensas se lamenta «el daño que se le está haciendo a gente que se va a demostrar que es inocente no tiene precio», oponen los segundos. La referencia la tienen en José María Alcoba, jefe en Asturias de la Abogacía del Estado en aquel momento y autor de una serie de informes sobre las obras. Estaba en calidad de investigado desde 2016, Lamela llegó a proponer que se sentara en el banquillo, y ahora la Audiencia Nacional ha concluido que en realidad no hay indicios penales contra él, por lo que lo deja fuera de todo el pleito.

El juicio penal llegará presumiblemente este año, cuando se va a cumplir la primera década desde que terminaran las obras de ampliación. El banquillo de los acusados, cuando se forme, peinará canas. En él se van a sentar el exsecretario de Estado Mariano Navas (que este año cumple los 78 años) y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado (y que hace 69 años). También Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel (y que alcanza este año los 72) y su entonces director, José Luis Díaz Rato (73 años cumplirá).

Son edades propias de otros menesteres pero la Justicia no hace ahí distingos. Baste el ejemplo del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, cumpliendo condena en la prisión de Asturias a sus 80 años. En el caso de El Musel el juicio avanza una casilla, pero faltan más. Queda por decidir si la materia es competencia del Juzgado de lo Penal o de una sección de la Audiencia Nacional. En el primer caso, una vez haya sentencia, habrá dos instancias a las que recurrir antes de tener una decisión definitiva. En el segundo, solo quedaría la revisión de una instancia.

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