Lastra se muestra optimista con la reapertura de la autopista del mar: «No se ha abandonado»

El 'Norman Asturias', buque usado en la autopista del mar y que ahora navega en otras rutas. /  R. M.
El 'Norman Asturias', buque usado en la autopista del mar y que ahora navega en otras rutas. / R. M.

Afirma que el Principado está en condiciones de aportar los 300.000 euros que le corresponden y que la reivindicación sigue «intacta y vigente»

Ó. P. GIJÓN.

El consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, afirmó ayer durante un acto en la Feria de Muestras que los trámites emprendidos para reanudar la autopista del mar Gijón-Nantes siguen su curso con normalidad. Así, preguntado por el presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, el socialista replicó optimista afirmando que «no se ha abandonado el proyecto ni mucho menos».

En este sentido, Lastra sostuvo que las reivindicaciones del Principado y del Ayuntamiento de Gijón, de acuerdo al Plan de Viabilidad que se presentó para la reapertura, siguen «intactas y vigentes». Prueba de ello son los 300.000 euros de aportación regional que, según añadió, están dispuestos a asumir durante los dos primeros años, tal y como habían pactado con la administración central y con Puertos del Estado. Por ello defiende que no existe «ninguna razón» para estar preocupados. Lo dijo en alusión a las dudas expresadas por De la Roza, que afirmó no tener noticias de la citada reapertura desde hace más de dos meses.

Uno de los principales escollos para la recuperación de la vía marítima pasa por conseguir la subvención europea necesaria para complementar las aportaciones de los agentes implicados en el proyecto. De esta forma, en los Presupuestos Generales del Estado viene recogida una partida de 1,6 millones de euros para invertir en la carretera marítima. Pese a haber sido aprobado con el anterior gobierno, la cifra sigue en la reserva a la espera de que las conversaciones entre las administraciones españolas lleguen a un acuerdo con las francesas y las comunitarias.

El pacto entre administraciones españolas se fijó en un 40% de aportación estatal, otro 40% de aportación regional y el 20% restante, finalmente, lo soportarían las arcas municipales.

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