Mallada rechaza «la existencia simultánea» del salario social y la renta social municipal

Mallada y representantes de las listas autonómica y municipal del PP, durante la reunión con la Unión de Comerciantes. / AURELIO FLÓREZ
Mallada y representantes de las listas autonómica y municipal del PP, durante la reunión con la Unión de Comerciantes. / AURELIO FLÓREZ

I. VILLAR GIJÓN.

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, se mostró ayer contraria al cobro en paralelo del salario social autonómico y la renta social municipal, ayuda que cree que debería limitarse, como ocurre con las de emergencia, al tiempo de espera por el cobro de la regional. «No estamos a favor de que existan las dos ayudas de manera simultánea y tenemos que ver la fórmula de compatibilizarlas. Puede ser la solución para ese tiempo que se tarda en tramitar el salario social, pero lo que necesitamos es que se agilicen los trámites a la hora de conseguir la ayuda regional y que ésta esté enfocada a que la población tenga la oportunidad de entrar en el mercado laboral», indicó tras reunirse en Gijón con representantes de la Unión de Comerciantes de Asturias.

Durante ese encuentro, Mallada presentó algunas de las medidas que prevé incluir en su programa electoral para «dinamizar la actividad comercial en la región». Entre ellas citó la puesta en marcha de acciones encaminadas a favorecer el relevo generacional, como la rebaja de las cotizaciones «tanto a los cedentes como a los relevistas», la reducción del tramo autonómico del IRPF y la creación de una plataforma que favorezca el intercambio de información entre quienes quieren ceder sus negocios y los que desean adquirirlos. También propuso ampliar el catálogo de actividades no sujetas a licencia, buscar «un consenso para lograr una mayor libertad de fechas de apertura», abrir nuevas líneas de ayudas y ampliar hasta tres años la tarifa plana de los autónomos para parados de larga duración y mayores de 52 años.

Los comerciantes le pidieron, entre otras cosas, interceder ante el Gobierno central para acabar con la obligatoriedad de crear zonas de gran afluencia turística con libertad de horarios, un programa de comercio rural, un plan de digitalización integral del comercio y otro sobre asociacionismo comercial.