La notaria Montserrat Martínez representará al Ayuntamiento de Gijón en la Fundación Cajastur

La junta de gobierno acordó hoy designar a la notaria Montserrat Martínez López como representante del Ayuntamiento de Gijón en el patronato de la Fundación Bancaria Cajastur, órgano en el que el Consistorio lleva años sin representación. Nacida en Boal en 1967, pasó su infancia en Gijón, donde estudió en el Instituto Doña Jimena antes de iniciar la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo. También estudió en la Escuela de Música Gijón, graduándose como profesora de piano y acordeón en el Conservatorio de Oviedo y de Barcelona, respectivamente. Ejerce la notaría desde 1998 y tras haber ejercido en Posada de Llanes y en la localidad vizcaína de Guernica-Lumo regresó a la ciudad en 2008. Desde 2015 preside la Asociación de Amigos de Laboral Centro de Arte y desde 2018 también la asociación de empresarios y profesionales asturianos Asturmanager.

La representación del Ayuntamiento en la Fundación Cajastur lleva años rodeada de polémica. La asamblea general de la Caja de Ahorros de Asturias aprobó en julio de 2014 su transformación en Fundación Bancaria, en cumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de 2013. El Ayuntamiento de Gijón, como entidad fundadora, tenía derecho a nombrar un representante, con la salvedad de que no podía ser ninguna persona que ostentara cargos públicos ni orgánicos de partido, sindicatos u organizaciones empresariales. Así, no podía repetirse un nombre como por ejemplo el de Santiago Martínez Argüelles, quien durante tres años compaginó el acta de concejal con la vicepresidencia de Cajastur, primero, y con un puesto de consejero de Liberbank, después, hasta su dimisión en 2012. Más de dos años tardó el Consistorio en poner un nombre sobre la mesa.

Fue, previo acuerdo con Xixón Sí Puede del equipo de gobierno de Foro, el de la abogada laboralista Marta Rodil, vinculada a la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y que entre sus éxitos profesionales incluía haber tumbado un expediente de regulación de empleo (ERE) de Liberbank. El resto de grupos municipales criticaron la falta de consenso en la elección de esta representante, que no llegó a sentarse nunca en el patronato, pues los miembros de la fundación no dieron el visto bueno a su incorporación. El Ayuntamiento denunció ese veto ante los tribunales, pero tanto el juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial señalaron que el patronato era libre de oponerse a su designación, negando de hecho al Consistorio su condición de patrono nato para exigir el nombramiento de cualquier persona que propusiera.