La UTE de El Musel alega ante el juez que la falta de canteras la llevaba a la quiebra

Y todo ello porque no podía utilizar la cantera de Aboño ni, posteriormente, la de Perecil II, con lo que fue necesario acudir a canteras comerciales alejadas del puerto y «los costes de obtener la piedra, transportarla y verterla en la obra resultaban manifiestamente superiores a las cantidades que la Autoridad Portuaria de Gijón certificaba» por la obra ejecutada. En definitiva, esos sobrecostes «rompían el equilibrio económico del contrato».

A ello, según el escrito presentado ante la jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, «se añadió, como factor igualmente imprevisto, el acaecimiento de determinados temporales cuya virulencia, por excepcional, rebasaba con mucho cualquier previsión razonable», añade. Las alegaciones continúan argumentando que la única alternativa al modificado habría sido «la resolución contractual», algo que habría causado «enormes perjuicios». Y hay que tener en cuenta que, según los datos aportados por la defensa, desde que se agotó el importe presupuestario originario y se firmó el modificado, entre agosto de 2009 y enero de 2010, «a pesar de que se ejecutó obra por importe de más de 40 millones de euros, la Autoridad Portuaria de Gijón no abonó las certificaciones».

El presupuesto modificado supuso un incremento de 216,31 millones sobre los 499,34 iniciales. Eso sí, la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó una liquidación de obra negativa de 92,2 millones inferior, con lo que el incremento del coste de la obra «fue inferior al 25% del presupuesto originario».

También rechaza la UTE Dique Torres que fuera Puertos del Estado el que impuso los nuevos precios para el material pétreo, tal y como defienden los expresidente y exdirector del Puerto, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente. En las alegaciones, la empresa apunta que la reunión mantenida en la Secretaría de Estado de Transportes, con la asistencia de su titular, Fernando Palao, y del presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, con varios directivos de la UTE, se abordó el problema «de forma protocolaria», pero «no se descendió a la necesidad de aprobar unos precios nuevos y de eventualmente aprobar un proyecto modificado. Tampoco se planteó ni sugirió una hipotética rescisión del contrato». Por ello la defensa considera «completamente injustificada la imputación de los directivos de las empresas que asistieron a dicha reunión».

Lo cierto, según el escrito, es que «el proyecto modificado era consecuencia, en un 90%, de la imposibilidad transitoria de obtener el suministro continuado de los materiales necesarios para ejecutar un buen número de unidades de obra, en los términos técnicos y económicos inicialmente previstos en el proyecto».

Y la defensa de las empresas llama la atención sobre lo ocurrido con la cantera El Perecil-II, de Perlora, y la actitud al respecto del entonces alcalde de Carreño, Ángel Riego, que también está investigado en esta causa. El documento explica que «el Ayuntamiento de Carreño, seis meses después de la adjudicación de las obras, adoptó la decisión administrativa de suspender el otorgamiento de licencias municipales para los usos de industrias extractivas, canteras y actividades asimilables».

Pero sobre lo que pone el acento es que esa resolución «resultó insólita y, por tanto inesperada». Y lo fundamenta en que el alcalde no había puesto reparo alguno como consejero del Puerto de Gijón y se salvaguardó «la posibilidad de que Tudela Veguín pudiese continuar extrayendo materiales de El Perecil-II».