Oblanca: «El problema no es una maldición, tiene orígenes políticos»

La planta de El Pisón recibe 21 alegaciones, de ellas cuatro desde el propio Ayuntamiento y catorce, firmadas por los vecinos

R. MUÑIZ / M. MORO GIJÓN.

Llegó el asturiano Hugo Morán al Congreso para dar la cara por un incumplimiento que España arrastra desde hace dieciocho años y recolectó todos los reproches acumulados en ese tiempo. Al secretario de Estado, la oposición le recriminó que fuera él y no la ministra la que diera explicaciones. «Debería haber empezado pidiendo disculpas, ¿qué han hecho en estos 27 años en los que se han alternado en el Gobierno con el PP?», afeó desde Ciudadanos José Luis Martínez. Se le reprochó eso y que no precisara cuántas culpas ha tenido cada Gobierno. «Si yo emplease tiempo en dedicarme a analizar cuáles han sido las responsabilidades que nos han podido traer hasta aquí sería tiempo que restaría a la necesidad de gestión para dar soluciones de cara al futuro, y no podemos permitírnoslo», opuso el asturiano.

«En Foro no creemos en las maldiciones como pretexto para las calamidades que tienen origen político», reaccionó el diputado Isidro Martínez Oblanca. «En esta calamidad medioambiental impropia del siglo XXI e inaceptable, mírese por donde se mire, sí sería de aplicación la ley de Murphy: si algo puede salir mal, pasará», valoró.

La de El Pisón es la historia de «una gran chapuza administrativa», indicó. El ministerio aprobó la obra en contra de los vecinos, y cuando estos lograron que los tribunales reconocieran que sus derechos habían sido vulnerados, la planta ya estaba a punto de terminarse, con una inversión aproximada de 36 millones. «En la batalla del Estado de Derecho contra el estado de desecho, va ganando la ley, pero va perdiendo la ciudad», resumió Oblanca.

Dados esos antecedentes, el representante de Foro Asturias reclamó «certidumbres en un asunto de absoluta prioridad para la ciudad». El secretario de Estado, que anteriormente había apuntado a la posibilidad de tener del todo operativa la instalación en 2019, prefirió en su turno de respuesta remitirse al informe de alegaciones que se está realizando para responder a las objeciones al último estudio de impacto ambiental.

En total son 21 las alegaciones recibidas, de las que catorce las interponen vecinos particulares y asociaciones, cuatro son del propio ayuntamiento y hay dos del Principado. Ecologistas en Acción es el único que participó desde el sector conservacionista. Reconoce la urgencia del problema, pero estima que «seguir insistiendo tozudamente en ubicar la depuradora donde los tribunales les han quitado la razón es solo un camino que conseguirá alargar en el tiempo la falta de depuración de las aguas residuales».