«En las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes hubo dejación de funciones de la consejería», dice el PP

La diputada regional Pilar Fernández Pardo, del PP, tiene claro tras la lectura del último informe anual de la Sindicatura de Cuentas que en el fiasco de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, paralizadas a la espera de la elaboración de un nuevo proyecto, «hubo una dejación de funciones por parte de la Consejería de Salud». Más allá de los incumplimientos en los que haya podido incurrir la UTE responsable de estos trabajos, considera que desde la administración «hubo una culpa 'in vigilando' que representa una verdadera negligencia por parte del Principado, que no veló por el cumplimiento de todas las condiciones que establece la ley de contratación pública».

Fernández Pardo recuerda que en un informe similar publicado el año pasado la Sindicatura de Cuentas ya «señalaba irregularidades e incidencias que la consejería debía subsanar, pero no lo hizo». Y añade que el nuevo documento «vuelve a poner en entredicho su actuación», al indicar cómo pese a que ya en mayo y junio tanto la dirección facultativa de las obras como el jefe de servicio de Obras de la Consejería de Salud habían advertido de que la UTE no estaba cumpliendo con los plazos y calidad de los trabajos, no se adoptó ninguna medida hasta finales de diciembre.

Critica además que, pese a los requerimientos de documentación por parte de la Sindicatura, «no había colaboración ni se facilitaba la información requerida sobre certificados y modificados de obra. No hubo un control de la evolución de todos los procesos y por eso creo que, sin analizar las que tenga la empresa, la consejería tiene mucha culpa en lo ocurrido aquí». Recuerda además cómo el informe habla de fallos de control también en lo que respecta a las subcontrataciones vinculadas a esta obra».

La portavoz de Sanidad de los populares acusa a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, de «haber mentido y estar engañándonos durante mucho tiempo hablando de que se trataba de una rescisión del contrato, cuando en realidad es una resolución, lo que cambia tanto el origen como las consecuencias del proceso, porque no hablamos de un acuerdo mutuo». Advierte de que además de la posibilidad de que la empresa reclame una cuantiosa indemnización, «todo parece anticipar una larga vía judicial» que además podría «paralizar por mucho tiempo un proyecto que es tan necesario para Gijón como la ampliación del hospital».