«No somos okupas, pagábamos alquiler»

El matrimonio integrado por Costel y Camelia Liliana Gheorghe en el dormitorio de la pareja, con las facturas de pagos de luz en la cama, y sus parientes en la puerta. / PALOMA UCHA
El matrimonio integrado por Costel y Camelia Liliana Gheorghe en el dormitorio de la pareja, con las facturas de pagos de luz en la cama, y sus parientes en la puerta. / PALOMA UCHA

Ocho familias logran retrasar su desahucio en Laviada tras ser condenados por usurpación | Alegan que durante años abonaron dinero a un supuesto administrador que nunca les entregó contrato y que acudía cada mes a cobrarles

MARCOS MORO GIJÓN.

Ocho familias residentes en un edificio del barrio de Laviada -el número 7 de la calle Candás- han logrado retrasar una orden de desahucio dictada contra ellos por el Juzgado de Instrucción número 4. La sentencia que les pone en la calle es resultado de una denuncia penal interpuesta por el propietario del inmueble, la empresa constructora Alonso e Hijos, que les considera okupas.

El fallo judicial entiende que diez personas de este clan familiar del este de Europa son autores de un delito leve de usurpación y les condena a cada uno de ellos a una pena de tres meses de multa con cuota diaria de dos euros (con privación de un día de libertad por cada dos cuotas impagadas) y abono de las costas procesales.

Estas familias de origen rumano, con ancianos y niños entre sus integrantes, alegan que llevan viviendo en el edificio más de un lustro y que durante años pagaron el alquiler a un supuesto administrador, compatriota suyo, que acudía mensualmente a cobrarles rentas que oscilaban entre los 360 y 340 euros y que nunca les entregó resguardos. No hay contratos por escrito de los arrendamientos de vivienda, ya que el acuerdo para entrar a vivir en los domicilios fue «verbal», relatan, y se solventó con el pago de fianza y de una mensualidad por adelantado. Lo que sí tienen y muestran son las facturas que acreditan los pagos por el consumo de luz y sus certificados de empadronamiento. Salvo dos o tres que se defienden bien con el castellano, el resto solo habla su lengua vernácula. Sus magros ingresos los obtienen con ocupaciones temporales en hostelería, la recogida y venta de chatarra y ropa usada y algunos, los menos, practican la mendicidad para aportar a la economía familiar, ya que los 24 son todos parientes entre sí que se han afincado en Gijón «en busca de una vida mejor». Los menores que conviven con ellos están escolarizados.

Explican que tras una discusión con la persona que ejercía de supuesto intermediario y recaudador de rentas para la propiedad las cosas empezaron a torcerse para las 24 personas que habitan este bloque donde la constructora tiene en este momento interés en hacer obras. Según su versión, el compatriota, de nombre Adrián, empezó a extorsionarlos para que abandonaran el inmueble y por este motivo acudieron a los mismos juzgados que ahora les han dado cinco días para desalojar.

Sin agua corriente para ducharse o para cocinar desde hace casi dos años, acuden a diario a un parque cercano a llenar garrafas y botellas de agua para el aseo personal de las ocho familias, las tareas domésticas y también para que no se atasquen los inodoros.

La portavoz de las familias, Camelia Liliana Gheorghe, que reside desde hace cuatro años en el bloque de la calle Candás con su pareja Costel y un hijo de 23 años, asegura que trataron de llegar sin éxito a un acuerdo con la propiedad para volver a pagar las rentas de alquiler pero con una rebaja de precio acorde a la precariedad económica de los inquilinos. «El constructor no nos quiso atender en su oficina y nos llevó a juicio porque para él somos okupas. Y eso no es así nosotros vinimos aquí pagando un alquiler», remarca esta mujer, que anteriormente residió con su marido en uno de los pisos del número 12 de l calle Caveda que se incendiaron en marzo de 2017. Camelia afirma que la empresa que les denunció tiene en situación de arriendo habitaciones en otro edificio próximo de la calle Luanco. Ante el temor a quedar en la calle en pleno invierno las familias se han reunido ya con trabajadoras sociales municipales, que les trasladaron que solo pueden ocuparse de las personas con menores a su cargo.

Este periódico trató de contactar con la empresa Alonso e Hijos para conocer su versión de los hechos, pero la firma constructora declinó la invitación con el argumento de que no quiere entrar en polémicas con los denunciados.

Asesoramiento de la PAH

Asesorados por la delegación asturiana de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las familias han logrado suspender temporalmente la orden de desahucio al solicitar que les den un abogado de oficio para recurrir en apelación la sentencia condenatoria ante la Audiencia Provincial. Esto les puede dar un margen de «unas semanas», según Miguel Ángel García, presidente de la Plataforma Antidesahucios en Asturias.

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, alabó la actuación de la PAH y criticó que este caso revela «el capitalismo sin rostro humano que aprovecha la inmigración para saltarse todos los derechos».

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