La construcción estima que la ejecución del plan de vías generará unos 11.300 empleos

Zona ajardinada del 'solarón', a la espera de que las obras comiencen, previsiblemente el año que viene. / CAROLINA SANTOS
Zona ajardinada del 'solarón', a la espera de que las obras comiencen, previsiblemente el año que viene. / CAROLINA SANTOS

Fomento señala que el convenio «es el inicio de un proyecto ambicioso» y aplaude que se haya logrado gracias a «todas las partes»

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

Quienes manden en el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Fomento los próximos seis años se encontrarán los deberes puestos. El convenio que los tres autorizaron el lunes compromete 814 millones a invertir en Gijón de aquí al año 2025 para materializar todas las piezas del plan de vías y el metrotrén a Cabueñes. «Este es el inicio de un ambicioso proyecto en el que trabajamos con la máxima ilusión», confiaban ayer fuentes de Adif, la empresa pública del ministerio más implicada. «El convenio se ha logrado gracias a la voluntad de todas las partes», abundaban.

A diferencia del convenio suscrito en 2002, este ha tenido que recibir el visto bueno de los técnicos encargados por velar por el presupuesto de cada administración, e incluye salvaguardas para forzar su cumplimiento. Entre ellas, la constitución de una comisión mixta de seguimiento, con presencia de todos los socios y reuniones cada trimestre. Si algo no le cuadra cada administración puede forzar la convocatoria y exigir explicaciones. Quien incumpla debe indemnizar a los demás.

El control también será externo. «La presión ciudadana es la que ha forzado la firma del convenio», consideró ayer Mario Suárez, del Fueyo, edil de Xixón Sí Puede. A su juicio el hecho de que la representante de la Consejería de Hacienda del Principado se abstuviera de respaldar el documento, y que Adif y Renfe no lo hubieran pasado por los consejos de administración, demostraría que «no había consenso». «Va a ver dificultades para llevarlo adelante sin presión ciudadana», dijo.

Negocio colateral

De ese juego de compromisos y estímulos depende un objetivo que el convenio fija en «la utilización del transporte público y la movilidad sostenible» facilitando «los desplazamientos entre el origen y el destino final del usuario, con mayor rapidez, eficiencia y menor coste». Siendo cierto, también lo es que parte de los beneficios de una infraestructura reside en su construcción. Esto es, en su capacidad para contratar maquinaria, reclutar trabajadores, pagar nóminas, comandas, hoteles, impuestos en el lugar donde se está ejecutando.

El estándar más asentado en la construcción es que cada millón de inversión en infraestructuras genera un promedio de 14 puestos de trabajo. Es el ratio que hicieron suyos por ejemplo los empresarios asturianos, en la asamblea anual que la patronal CAC-Asprocon celebró en 2015 reclamando al Principado un mayor desembolso. En febrero de 2018 un foro del sector que reunía a directivos del Ministerio de Fomento y consultores de distintos fondos de inversión también centró los discursos en esa proporción. Un informe de la consultora americana ATKearney para la patronal nacional Seopan del año 2015 coincide en que «el sector de la construcción genera 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido», lo que le situaría como el mejor destino para crear empleo temporal y de forma rápida, «sólo superado por la agricultura, ganadería y pesca, con 24 puestos de trabajo por millón».

Aceptada la referencia, resulta que los 814 millones equivalen a 11.300 trabajadores a reclutar durante los seis años de las obras. Los números se irán concretando en los próximos meses, conforme se vayan redactando los proyectos constructivos, que son los que fijan la cantidad exacta de materiales, maquinaria y horas de trabajo necesarias para cada fase de obra.

De momento los cálculos más optimistas todavía elevan esa masa laboral esperada. Dos ejemplos. En enero, al presentar su borrador de presupuesto general del Estado, el ministro de Fomento José Luis Ábalos aseguró que los 10.029,69 millones de inversión para carreteras, ferrocarriles, puertos y aviones «crearán 285.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos». Es un ratio de 28 empleos por cada millón.

En 2017, la Confederación Nacional de la Construcción por su parte reclamó más dinero para infraestructuras, calculando que cada millón deja 16 empleos directos y diez más indirectos. Son números que, trasladados al plan de vías, anticiparían un tropel de alrededor de 13.000 obreros dándose relevos durante seis años, generando unos gastos en alojamiento, manutención y consumos que a su vez alimentarían 8.000 nóminas.

El ejemplo cercano

Las cifras son quizás excesivas, estimuladas por la conveniencia del sector de presentarse ante las administraciones como solución al paro y, por tanto, útil a la hora de dirigirle el presupuesto público. No ayuda la ausencia de estándares internacionales reconocidos para elaborar los cálculos, algo que sí ocurre a la hora de estimar el beneficio social que provoca un tren o carretera al ser inaugurada.

Con todo, las estimaciones dan una dimensión de las repercusiones que, en términos de empleo y economía local, tiene una inyección de 814 millones. La suma, por ejemplo, equivale a la mitad de la autovía del Cantábrico (A-8) en la región. Según los registros ministeriales los 25 tramos ejecutados en la etapa democrática (esto es, todos salvo la 'Y') consumieron 1.871,2 millones; ese dinero cuadró las cuentas en la hostelería de diecinueve concejos. Aquí el desembolso y los beneficios directos de la actividad constructora se concentrarían en uno solo, Gijón, municipio que cerró el año pasado con 6.999 afiliados en la construcción.

El antecedente más cercano de gran infraestructura ejecutada en el concejo remite a la ampliación de El Musel, por la que se pagaron 616 millones. En 2010, con los trabajos en marcha, el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, estimó en «cerca de 3.000» los puestos de trabajo ligados a la construcción.

Los contratos, queda dicho, no son el único retorno. Un informe de la patronal CEOE del año 2013 calcula que por cada 1% de PIB dedicado a infraestructuras, «el 0,62% retorna a las cuentas de la administración pública, bien como pago directo por el IVA (0,21%) o por otros impuestos indirectos y directos, o por el aumento de las cotizaciones sociales». Otras organizaciones empresariales del sector utilizan proporciones similares. De ser ciertas, entre licencias, impuestos y cotizaciones las administraciones recuperarían unos 500 millones.

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