La polución de las estaciones privadas activará el protocolo de restricciones

Principado y Ayuntamiento maduran un protocolo anticontaminación para la zona oeste. Este tipo de documentos activan restricciones al tráfico y la actividad económica cuando la polución lleva varios días estancada en el aire y con perspectivas de que siga sin disiparse.

Ahora existe uno protocolo de alcance regional que, para su activación, toma como referencia solo la suciedad que registran las estaciones de medición del aire del Principado. La intención del área municipal de Medio Ambiente es ampliar el espectro, y que también se tenga en consideración algunas de las bases titularidad de las empresas.

Tradicionalmente estas instalaciones estaban cerca de las factorías y fuentes de emisión; sus valores eran altos pero la legislación no les obliga a cumplir los parámetros de calidad del aire de la red pública. En los últimos tiempos el Principado ha aprovechado los permisos ambientales para reclamar que las empiecen a situar cerca de las zonas pobladas más expuestas.

Es lo que está realizando ahora ArcelorMittal. La autorización ambiental integrada que en enero de 2018 recibió para las baterías de coque obligaba a colocar analizadores de benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en sus estaciones de Tremañes y Monteana, pero también a poner una nueva base de medición al noroeste de la factoría, hacia donde llevan los vientos sus emisiones. La resolución daba nueve meses para ello pero condicionaba la ubicación al visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Finalmente la multinacional está avanzando la obra civil de la estación junto al campo de El Frontón, cerca del parque de El Lauredal. Los problemas con las tuberías se han resuelto y la idea es que la instalación opere este mismo mes.

A ella se sumará, previsiblemente en verano, una segunda estación fija en la zona. Es la que el Principado va a comprar, mediante un contrato para el que tramita un anticipado de gasto sobre el proyecto presupuestario de 2021. La inversión es de 200.000 euros. El plan anticontaminación la fija más cerca de la asociación de vecinos de Jove, mientras la Plataforma contra la contaminación la reclama en El Lauredal.

La entidad exige además que se pongan las cámaras anunciadas en 2017 para vigilar a la industria, un compromiso del Principado que se tropezó con complicaciones jurídicas por la Ley de Protección de Datos.