La primera fase del Plan Llave de Gijón queda desierta y el gobierno local acusa al Principado de «boicot»

Pese a este revés, Martínez Salvador aseguró que el Ayuntamiento de Gijón «está en condiciones de volver a licitar mañana mismo un pliego con las mismas parcelas de suelo de esta primera fase y unas cuantas más, en una junta de gobierno extraordinaria», en el momento en que la Consejería de Vivienda actualice el precio del módulo de vivienda de protección. «Mientras el Principado no revise el precio máximo fijado para esta tipología residencial no se va a poder construir vivienda protegida no solo en Gijón, sino en toda Asturias», advirtió el también concejal de Urbanismo gijonés.

Como muestra del estado de la cuestión, el edil de Foro facilitó el dato de que en 2024 se inició la construcción de 2.000 viviendas y «solo 60 de ellas eran protegidas (no llegan al 3%)». El portavoz del gobierno local afirmó que «está en manos del Principado» que se puedan construir en Gijón «500 viviendas de protección en este mandato o que no se construya ninguna».

La primera fase del Plan Llave de Gijón consistía en un concurso para adjudicar seis solares en tres lotes, enajenándolos para que las 120 viviendas que se construyan sean vendidas como Vivienda de Protección Autonómica (VPA) o Vivienda de Protección Concertada (VPC), en los barrios de El Coto, Ceares, La Braña-Perchera y Nuevo Gijón. Arrancó su proceso de licitación en abril, pero en julio, a punto de concluirse el plazo para la presentación de ofertas, el gobierno local decidió la suspensión temporal del procedimiento para reajustar las bases a petición de la patronal CAC-Asprocon, precisamente para incluir en los pliegos subidas del módulo de vivienda protegida. La convocatoria del Plan Llave se reactivó, con las nuevas bases, el pasado 10 de septiembre y se dio a las empresas interesadas 45 días de plazo que se extinguieron la semana pasada.

Según ha podido saber EL COMERCIO, el mismo lunes que se cerraba el proceso licitación, el Principado anunció por escrito a la patronal de la construcción que el módulo se iba a subir un escaso 2,7% y por ese motivo la mesa de contratación acabó este martes dando como no válidas las ofertas que habían ido llegando para esta fase inicial del Plan Llave, al no poder incluir ninguna en el anexo de actualización de precios. En un primer momento los constructores trabajaban con la perspectiva de que la subida de ese módulo iba a ser de un 10% y ahora están inmersos en una nueva negociación en la que el sector pide al Principado llegar como mínimo al 20%.

Por su parte, el director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, replicó al Ayuntamiento de Gijón dejando patente que el Principado «no ha tenido participación alguna en el diseño o puesta en marcha del programa municipal 'Plan Llave' impulsado por el Ayuntamiento de Gijón». Incidió en que el Principado «no fue consultado ni se comprometió en ningún momento a asumir las condiciones económicas del programa, cuya aprobación fue una decisión exclusiva y unilateral del consistorio gijonés».

Desde la Dirección General de Vivienda ya se había advertido de que la fórmula planteada iba directa al fracaso. En paralelo, el precio del módulo de vivienda protegida se encuentra en fase de revisión en el marco de la concertación social, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre la asequibilidad para las familias y la viabilidad de las promociones», remarcó Sánchez.

«Por tanto, es rotundamente falso que el Principado haya boicoteado ninguna iniciativa. El resultado del Plan Llave obedece únicamente a un diseño municipal que no tuvo en cuenta ni la realidad del mercado ni el marco autonómico vigente en materia de vivienda protegida», concluyó.

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, también se pronunció este martes sobre este tema. «El Ayuntamiento de Gijón saca una licitación y tiene que poner los medios para que esa licitación llegue a buen puerto. Uno de esos medios es que el precio del suelo sea acorde con las condiciones del mercado, y eso es precisamente lo que ahora hay que intentar resolver», indicó.

«Es cierto que el precio del módulo actual —que se está negociando y cuya revisión es una reclamación histórica del sector— también influye. En este momento estamos pidiendo, como mínimo, una subida del 20%, y eso lógicamente condiciona. Pero creo que hay que separar las responsabilidades: cada parte tiene la suya», opinó.