El Principado investigará los vertidos de graneles en aguas del puerto de El Musel

Ante este panorama, el Principado ha decidido tomar cartas en el asunto. Según explicó la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, su departamento va a intervenir «en el tema de vertidos. Vamos a tener que trabajar con ellos (la Autoridad Portuaria de Gijón) para identificar si se están haciendo bien las cosas o hay ámbitos de mejora».

La viceconsejera reconoció que hasta hace cinco años los responsables de Medio Ambiente prácticamente no habían intervenido en El Musel. Lo comenzaron a hacer en materia de calidad del aire, hasta el punto de que muchas empresas afincadas en los muelles locales tuvieron que afrontar importantes inversiones en materia de barreras y otros elementos de prevención contra la contaminación atmosférica, pero «ahora vamos a tener que empezar con el tema de los vertidos y trabajar también con ellos sobre la calidad del agua, porque es verdad que es un aspecto que no está suficientemente bien tratado», remarca Roqueñí.

El principal problema es saber qué ocurre especialmente cuanto se registran lluvias, si se producen vertidos de restos graneleros, sean de carbón, de mineral de hierro o de otros, y «si eso podría ser un aspecto que al final tenga alguna incidencia en la calidad de la playa» de San Lorenzo. Eso sí, la viceconsejera apuntó que «siempre intentamos que ese trabajo sea en positivo, en ámbitos de mejora y colaborar en la resolución del problema, si es que lo hay».

Los responsables regionales tienen identificados a los principales operadores implicados en la actividad granelera, ya que son los que están sometidos a la aprobación de una evaluación ambiental. Pero el Principado quiere ir más allá: «Tenemos que ir a una actuación más global». Las autorizaciones ambientales que periódicamente han de renovar las empresas van incluyendo cada vez más medidas restrictivas, pero hay que tener en cuenta que hay otras compañías que no están sometidas a este trámite ambiental. De cualquier modo, Nieves Roqueñí remarca que «hay cosas que ya están» en esas autorizaciones ambientales, «pero hay otras que hay que mejorar».

El Principado cuenta con su propio equipo de inspectores. Su número puede parecer escaso y demasiado amplio el de industrias asentadas en la región. Pero Roqueñí es consciente de que las visitas de inspección, «sin suponer una presión, son un elemento coercitivo para que esté todo en regla». Y es que la viceconsejera defiende una de las máximas del Gobierno encabezado por Adrián Barbón, como es que «el desarrollo tiene que ser sostenible y en él ha de caber el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente». Por ello, en las autorizaciones ambientales integradas se está obligando a las empresas que apliquen «las mejores tecnologías disponibles» para evitar episodios de contaminación con su actividad.