El Principado rechaza el Plan de Movilidad gijonés por la falta de evaluación ambiental

El Principado rechaza el Plan de Movilidad gijonés por la falta de evaluación ambiental

Aduce que una norma estatal con rango de ley anterior al inicio de la tramitación del documento obligaba a incluir ese informe

MARCOS MORO GIJÓN.

El Principado rechaza el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS) de Gijón por no someterse a evaluación ambiental y la decisión ya es definitiva. La Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad acaba de notificar al Ayuntamiento su informe desfavorable en el que no da de paso al documento. Un varapalo que deja en el aire un plan ya concluido desde septiembre de 2018 que plantea un cambio radical en la forma de desplazarse en la ciudad y que ha llevado más de dos años de debate y tramitación.

El Consistorio gijonés venía defendiendo que la evaluación ambiental no era pertinente en este caso porque no se le podía aplicar al Plan de Movilidad gijonés de forma retroactiva las prescripciones de la ley de Transportes y Movilidad Sostenible. Una norma autonómica que entró en vigor el pasado mes de diciembre, cuando el plan ya estaba elaborado en su totalidad. También sostenía que no hay ninguna ley que obligase a la entidad local a someterse a evaluación ambiental.

Con esta argumentación el Ayuntamiento solicitó en marzo por escrito al Principado que se le eximiera de dicha evaluación ambiental estratégica (EAE), ya que toda la tramitación del plan desde agosto de 2016 se hizo conforme a los requerimientos técnicos, procedimentales y legales anteriores a la aprobación de la ley regional que impone ahora estos requisitos medioambientales. Es más, en las alegaciones municipales se hizo constar que las empresas que forman parte de la UTE que redactó el plan gijonés -Consultans y Movytrans- están elaborando en este momento la revision del Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza sin verse obligadas en Aragón a incluir la evaluación ambiental estratégica.

Consecuencias nefastas

Desde el Consistorio también se hizo ver al Principado las consecuencias nefastas que podría tener para la ciudad el mantenimiento de su exigencia. El equipo redactor del Plan de Movilidad gijonés calcula que el informe ambiental requerido llevará entre ocho y nueve meses hacerlo. Pero ahí no queda la cosa, porque con independencia de lo que tarde en cumplimentarse ese trámite, los redactores del plan anticipan que «la ciudad de Gijón se vería muy posiblemente dentro de un año teniendo que iniciar en realidad los trabajos del PIMSS, o, como mucho, revisar íntegramente lo ya redactado a la vista de la EAE elaborada». Esto se traduciría en nuevos retrasos, como mínimo hasta 2021, para la aprobación del documento de referencia para la movilidad de la ciudad que tenía un marco temporal entre 2018 y 2024.

Sin embargo, la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad se ha mostrado inflexible ante todas estas consideraciones y ha rebatido el argumento de que no existe ninguna ley que obligue al Ayuntamiento a pasar por el aro.

En ese sentido, este organismo del Principado esgrime que el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica está regulado en el artículo 6 de la Ley 21/2013, siendo objeto de este trámite ordinario aquellos planes o programas cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por un acuerdo de Consejo de Ministros o por acuerdo de Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.

Trámites de ayudas

También alude el informe al artículo 102 sobre 'fomento de planes de movilidad sostenible' de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible establece que a partir del 1 de enero de 2014 la concesión de cualquier ayuda o subvención a las administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga de Plan de Movilidad Sostenible y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Se entiende desde el Gobierno regional, por tanto, que en caso de que el Ayuntamiento de Gijón concurriese a cualquier tipo de convocatoria de ayudas, como las recientemente aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica, su aprobación o adopción vendría determinada en este caso por la Ley 2/2011.

En definitiva, el Principado se reafirma en su exigencia de que el Plan de Movilidad gijonés debería haber contado con una evaluación ambiental estratégica al exigirlo una norma estatal con rango de ley anterior al comienzo de la tramitación de dicho plan en 2016.

A finales de marzo, cuando se planteó este conflicto con el plan gijonés, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, aseguró en la Junta General que la respuesta al Consistorio vendría determinada por el dictamen de cuatro organismos regionales: la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), la Secretaría General Técnica, la Agencia Asturiana de Transportes y el Consorcio de Transportes de Asturias. Sin embargo, el informe recibido por el municipio gijonés ya es concluyente.

Foro de la Movilidad

Ante este panorama, el edil de Movilidad y Transportes, Esteban Aparicio, reconoció que a estas alturas del mandato queda poco margen de maniobra y será la próxima Corporación la que adopte un acuerdo sobre la forma de proceder para desbloquear el PIMSS. Una fórmula, sugirió, podría ser «intentar tramitar el estudio de evaluación ambiental y unirlo al expediente del plan elaborado con las modificaciones que ese informe pueda generar».

El presidente del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, avanzó que el Pleno del miércoles analizará la respuesta negativa dada por el Principado: «Es una guerra entre administraciones. Esta respuesta nos aboca a la casilla cero y a volver a empezar. El Principado se puede encontrar con que los tres grandes municipios se pueden ver sin planes de movilidad específicos. Ellos sabrán».