Pymar lleva a los tribunales el Plan General de Ordenación por el uso del suelo de Naval Gijón

Terrenos de Naval Gijón, pendientes del desarrollo del plan especial de reforma interior recogido en el nuevo PGO. /  DAMIÁN ARIENZA
Terrenos de Naval Gijón, pendientes del desarrollo del plan especial de reforma interior recogido en el nuevo PGO. / DAMIÁN ARIENZA

Se suma a los recursos contra el documento urbanístico después de que no se aceptara su petición para poder construir viviendas en él

IVÁN VILLARGIJÓN.

No es el primero que lo hace, pues ya hay sobre la mesa decenas de recursos de empresas -principalmente del sector inmobiliario- y particulares. Pero sí es uno de los más litigantes más significativos. Pymar, la entidad que agrupa a los principales astilleros privados del país y propietaria de un tercio de los terrenos que ocupaba la extinta Naval Gijón, ha presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso contra el acuerdo del Pleno municipal por el que se aprobaban de forma definitiva el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y su estudio ambiental estratégico. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) informó ayer de la presentación de ese escrito de impugnación del plan urbanístico, dando un plazo de nueve días a las administraciones y a otros posibles interesados en personarse como codemandados.

Durante las dos fases de información pública del PGO la mercantil ya había presentado sendas alegaciones -una en cada periodo de exposición- manifestado su disconformidad con la ficha urbanística del Plan Especial de Reforma Interior Naval Gijón (APP-PE-NG), especialmente por la imposibilidad de dar un uso residencial a parte de los terrenos, que la nueva ordenación reserva de forma exclusiva para actividades económicas, principalmente de industrias limpias vinculadas al mar. Parte de sus observaciones fueron aceptadas e incluidas en la redacción final del plan urbanístico, como por ejemplo darle al uso hotelero, en un principio excluido, la consideración de «compatible». Pero no ocurrió lo mismo con su pretensión de que se permita la construcción de viviendas en el ámbito, medida que previsiblemente revalorizaría notablemente los terrenos de cara a su venta a un tercero.

Doble alegación

Ya en las alegaciones presentadas durante el primer periodo de información pública, Pymar hizo hincapié en su interés por que los usos productivos previstos para este espacio fueran acompañados de la posibilidad de dedicar parte del ámbito a fines residenciales. Advertía de hecho de la «inviabilidad económica» de regenerar estos terrenos si no se facilitaba la edificación de viviendas sobre ellos y comparaba los planes para este suelo con los que existen para otros lugares próximos, como el PERI-01 Santa Olaya-El Arbeyal, donde ya se están construyendo cuatro grandes bloques de pisos en el espacio que ocupaban las naves industriales de Pachín de Melás, y el PERI-04 de El Natahoyo, que prevé otros tantos edificios de viviendas de hasta cuatro alturas entre el Hogar de San José y la travesía del Mar, en una zona hoy muy degradada que linda con el antiguo astillero. «Supondría un agravio comparativo», argumentaba la sociedad mercantil en su primer escrito contra el plan urbanístico. Y al tiempo que pedía la revisión del régimen de usos previsto en la ficha de Naval Gijón, proponía modificar el coeficiente de edificabilidad «para que la actuación sea económicamente viable y se garantice el principio de equidistribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación».

Ya en el segundo periodo de alegaciones, insistió en la «arbitrariedad» que suponía excluir del ámbito del extinto astillero no solo el uso residencial, sino también el hotelero, llegando a hablar de «una flagrante vulneración de los principios de buen gobierno y buena administración», pues la decisión no venía suficientemente justificada en la memoria del PGO. «Los usos previstos no se ajustan a los objetivos establecidos como base para la revisión del plan urbanístico, por no resultar conformes con la realidad fáctica del entorno en el que se encuentra este ámbito ni venir requeridos por ningún fin o interés general que pretenda invocarse y que, por lo demás, no se invoca», apuntaba.

En su respuesta a estas alegaciones, el equipo redactor del PGO indicó que no cabía comparar esta operación, de nuevo cuño, con las planteadas para la zona del Santa Olaya y El Arbeyal ni con el PERI-04, pues estas, herencia de una planificación anterior, «fueron impulsadas bajo un modelo territorial sustancialmente diferente al que propone el actual plan general, que apuesta por un modelo productivo».

Añadieron que la viabilidad económica del desarrollo «se ajusta a la rentabilidad esperada en función de los riesgos asumidos», afirmación que complementaron, a petición de la propia Pymar, con un cuadro de previsiones económicas. En él se estima en 71,3 millones de euros la inversión necesaria para urbanizar el terreno y levantar las construcciones permitidas, y en 79,8 millones los ingresos que se pueden obtener por la venta de estas edificaciones, a un precio medio de 1.995 euros por metro cuadrado. Esto arrojaría un beneficio de 8,4 millones de euros, equivalente a un 11% de lo invertido. «Las actuaciones previstas en la ficha son factibles desde el punto de vista económico», concluían.

A escala de barrio

Los técnicos del PGO consideraron por otra parte «indiscutible» las indicación de Pymar sobre la necesidad de que los usos productivos previstos para la zona se «mezclen» con otros residenciales, para aportar vida al área «a todas horas» y evitar que sus calles y la nueva fachada marítima quede vacía fuera del horario laboral de las empresas que se asienten allí. No obstante, señalaron que esta combinación de usos debía hacerse «a escala de barrio» y no necesariamente dentro del ámbito del antiguo astillero, añadiendo que en las zonas colindantes a Naval Gijón ya se prevén espacios residenciales. Sí aceptaron incluir en la ficha, como usos «compatibles» los de tipo «hotelero, hostelero, recreativo, de espectáculos y comercial», pero solo en los bajos y en la primera planta de los edificios y siempre que se garantice que el 80% del ámbito se dedica a usos productivos relacionados con la mencionada economía azul.