La remunicipalización de la ayuda a domicilio queda fuera del presupuesto

Para los dos meses que se quedarían fuera de la actual prórroga de los contratos con Eulen y Azvase habría disponibles 878.000 euros. Casi 440.000 euros al mes, frente a los 355.000 que se pagará mensualmente a estas empresas de enero a octubre. La concejala de Hacienda está trasladando a los grupos municipales que la intención del gobierno es sacar adelante una nueva licitación en la que se incluirían cláusulas encaminadas a la mejora de las condiciones de las trabajadoras, con su consiguiente encarecimiento. La asunción directa del servicio se da por descartada, toda vez que ese cambio de gestión debería aparecer reflejado en otros capítulos presupuestarios como el de gastos de personal o el de transferencias corrientes, pero en ningún caso en el de gastos corrientes, como figura en el proyecto.

Aunque el equipo de gobierno lleva tiempo postergando la convocatoria de la comisión creada para analizar la posible municipalización de este servicio, todo apunta a que se reunirá finalmente la próxima semana. Los informes de los servicios municipales que se han puesto hasta ahora sobre la mesa son contrarios a dar este paso, poniendo como principal impedimento el coste que supondría para las arcas municipales. Xixón Sí Puede, sin embargo, ha presentado su propio «contrainforme», en el que defiende que el precio que paga el Consistorio sería incluso inferior al actual.

«Lo que proponemos es que se subrogue a las trabajadoras en las mismas condiciones que tienen, con el mismo convenio, que es lo que dice la ley. Y jamás propondremos que esto sea una puerta de atrás de entrada al funcionariado. Se trata de conjugar los derechos de la ciudadanía de Gijón, de las personas usuarias y de las trabajadoras. Y la única manera de lograrlo es la gestión directa, a través de la creación de una empresa de servicios múltiples o a través de su inclusión en una empresa que ya exista. Sería menos caro que si se hace de manera indirecta», aseguró la concejala NuriaRodríguez, quien en su planteamiento habla de un coste de 3,7 millones. Más allá de la cuestión económica, la edil señaló el beneficio que supondría para el servicio y para los propios usuarios contar con una organización más eficiente y una plantilla con mejores condiciones laborales. «Nadie va motivado ni feliz a trabajar sabiendo que tiene que hacerlo de lunes a domingo», indicó.

La concejala criticó cuestiones como el «arrastre de horas» para completar la jornada laboral, que según aseguró provoca que muchas trabajadoras presten servicio los fines de semana al mismo precio que en días laborables, mientras las empresas «facturan al Ayuntamiento los domingos y festivos como horas extraordinarias». Se refirió también a las mejoras que las adjudicatarias incluyeron en su oferta cuando se licitó el servicio, con atenciones para los usuarios como peluquería, podología, fisioterapia y terapia ocupacional. «Han pasado dos años desde que se firmó el contrato, ya estamos en prórroga, y no sabemos si se informó a los usuarios de que podían utilizar estos servicios», reprochó. «Para los intereses del Ayuntamiento y para los usuarios, entendemos que es más eficiente que la ayuda a domicilio se gestione de manera pública, y es algo que ha sido refrendado por mayoría en el Pleno», apuntó.

Otro de los programas que centra todas las miradas de los grupos en el proceso de negociación presupuestaria es el de la renta social municipal. Iniciará 2018 con una dotación de 3,2 millones de euros, la misma con la que comenzó en 2017, si bien la incorporación de remanentes a lo largo del ejercicio permitió elevar la cifra hasta los 5,7 millones de euros. Los remanentes que queden disponibles para el próximo año, según la previsión de liquidación presupuestaria, serán muy inferiores, lo que dificultará repetir la operación.

El presupuesto global de la Fundación Municipal de Servicios Sociales será de 21,7 millones de euros, con un incremento de 2,2 millones con respecto al inicio de 2017. Los gastos de personal supondrán 530.000 euros más que hace un año, al incorporar el coste del personal asociado a la renta social municipal, así como un incremento salarial del 1% para 2018 y los incrementos pactados por productividad y el pago de un nuevo tramo de la carrera profesional.

Otras partidas que registran importantes incrementos en el proyecto que se votará el viernes son la de becas de comedor, que aumenta en 206.000 euros, hasta alcanzar los 1,9 millones de euros, y la de ayudas de emergencia, que pasa de los 401.000 euros con los que comenzó el año 2017 a 874.700.