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LAURA MAYORDOMO
GIJÓN.
Viernes, 11 de mayo 2018, 02:56
«Es una victoria amarga». El padre del gijonés de 29 años al que un tribunal ha retirado la pensión de alimentos porque ni se aplicaba en los estudios ni hacía nada por buscar trabajo reconoce que le ha costado «un disgusto enorme» acabar en los tribunales para poner fin a esta situación. La sección séptima de la Audiencia Provincial dictó el pasado mes de abril una sentencia -que ratifica una anterior, del Juzgado de Instrucción número 9- por la que le exime de tener que pasar los 550 euros al mes que venía abonando a su hijo porque, con 29 años, ni había concluido más estudios oficiales que la ESO ni se había molestado en «procurarse una independencia económica».
El padre ha conseguido que los jueces le den la razón, pero no puede decirse que esté satisfecho «porque él nunca habría querido llegar a este extremo», cuenta su abogada, Beatriz Zapico. La letrada que le representó cuenta que él «siempre quiso lo mejor para su hijo. Desde que éste cumplió la mayoría de edad quería garantizarle un futuro, que estudiase o que trabajase». Pero transcurrieron diez años y no hizo ni lo uno ni lo otro, según consideran probado los jueces. Por eso, ante la «desidia» del chico -así califican su actitud en la sentencia de la Audiencia Provincial-, el padre, «con gran dolor de su corazón», según su abogada, recurrió a los tribunales.
El fallo dice expresamente que no se puede ni se debe favorecer el 'parasitismo social' de los hijos que no hacen nada por labrarse un futuro, académico o laboral, independientemente de los ingresos de sus progenitores.
El criterio general de jueces y magistrados es que la obligación de pagar una pensión alimenticia no puede tener carácter incondicional. Superada la mayoría de edad, los chavales tienen que estudiar, aplicándose en los estudios, o demostrar que están tratando de conseguir un puesto de trabajo. Es el argumento que se repite en las sentencias que acaban retirando la manutención a los hijos de parejas separadas.
«Lo que los jueces estamos diciendo es que cuando no hay dedicación a sus obligaciones, como el estudio o la búsqueda de trabajo, no hay que mantenerlos a la sopa boba. Ahora se está potenciando al 'nini'», señaló en declaraciones a este periódico el juez Ángel Luis Campo, quien durante años fue juez de Familia en Oviedo y Gijón y ahora continúa la carrera judicial en la sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en Derecho de Familia. «A menudo se olvida que los hijos tienen la obligación de contribuir a las cargas familiares. Y hay muchas veces que cobran becas o ayudas y se viene aquí diciendo: 'Es que ese dinero es para gastos, para las copas, para salir'. Y resulta que los progenitores, con problemas económicos, tienen que seguir pagando los alimentos. No».
En casos así, Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada conocido por sus penas ejemplarizantes, es rotundo: «Recomiendo a los padres que no hay que alimentar a un parásito, que se busque la vida».
En el caso del 'nini' gijonés de 29 años, el tribunal de la Audiencia que revisó el caso tiene claro que fue «su falta de aplicación» en los estudios lo que hizo que no concluyera su formación. Tras realizar varios cursos de informática a distancia y haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, el joven se matriculó en la UNED. Pero lo hizo cuando la petición de su padre de retirarle la pensión de alimentos ya se tramitaba en los juzgados. Se da la circunstancia de que, precisamente por este hecho, alegando que iba a iniciar estudios universitarios de Informática, trató de que se le aumentara la manutención a 616 euros mensuales. Obviamente, no solo no logró sus pretensiones sino que acabó perdiendo la pensión alimenticia que venía percibiendo desde que sus padres se separaran, cuando él tenía diez años.
El tribunal tiene en cuenta todos estos aspectos relativos a su formación, así como que «no hay prueba alguna del más mínimo intento» por su parte de acceder a un puesto de trabajo en todo este tiempo, pese a no tener ningún impedimento físico ni psíquico para incorporarse al mercado laboral.
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