Rexach defiende que ahorró dinero a El Musel y rechaza pagarle 135 millones

El abogado Agustín Azparren, con Menéndez Rexach. / NEWSPHOTOPRESS
El abogado Agustín Azparren, con Menéndez Rexach. / NEWSPHOTOPRESS

«Tras años de denuncias, no se ha confirmado ningún indicio y solo se ha hecho un daño moral ya irreparable», lamenta en el Tribunal de Cuentas

R. MUÑIZ GIJÓN.

Tras años viéndose señalados, llega la hora en la que los implicados en el caso por la ampliación de El Musel desvelan su arsenal de informes y argumentos. En los procesos penales es habitual que los imputados guarden sus cartas durante la investigación, sabedores de que la cosa desembocará en un juicio donde, ante magistrados distintos, se jugarán su suerte.

Dos son los procedimientos principales. De un lado, la causa abierta en la Audiencia Nacional, desde diciembre de 2014. La magistrada-juez María Tardón tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción número 3 hace un mes, convirtiéndose en la quinta que asume el 'caso El Musel'. Encuentra un expediente ya maduro y su papel se limitará prácticamente a dar turno a las partes para que formalicen sus escritos de defensa y acusación, antes de elevarlo todo a juicio. De momento, no ha tenido tiempo de activar ese papeleo, lo que no es extraño; su juzgado está al frente de otras causas complejas, como la del comisario José Manuel Villarejo.

En esta causa principal son 24 los procesados, todos altos funcionarios y directivos relacionados con la obra. Al margen, el Tribunal de Cuentas avanza un procedimiento de reintegro por alcance ceñido al expresidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, y su exdirector, José Luis Díaz Rato. El pleito analiza si perjudicaron al erario público, como creen la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que por ello piden que se les condene a reponer de forma conjunta unos 135 millones.

El expresidente de El Musel, defendido por Agustín Azparren, ha replicado a las demandas tratando de rebatir cada acusación. Niega que existiera daño económico, recuerda que hay informes que indican que por la obra se pagó menos de lo que valía, considera que es la propia legislación la que le obligaba a actuar como lo hizo y recuerda: «El inicio de esta historia de denuncias se remonta a diciembre de 2007 cuando el partido político Los Verdes presentó una denuncia». Desde entonces se han abierto diligencias en la Fiscalía de Asturias, en un Juzgado de Instrucción de Gijón, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) y en la Audiencia Nacional tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ampliada por el colectivo Ocan. Todas «o han sido archivadas (....) o han acabado con señalamiento de meros indicios de irregularidades», dice.

Ve significativo lo ocurrido en la Audiencia Nacional. La investigación penal se abrió por seis posibles delitos y ahora la Fiscalía y la anterior instructora proponen abrir juicio, pero por prevaricación y fraude, asumiendo que las pesquisas habrían desmontado el resto. Los dos posibles delitos que sí aprecian «no exigen perjuicio económico»; descartar los supuestos de malversación y estafa agravada equivale para la defensa a que la Fiscalía reconozca en la Audiencia «que no ha existido menoscabo o perjuicio a las arcas públicas».

Desde ese punto de vista, el Ministerio Fiscal estaría actuando ante el Tribunal de Cuentas de forma incoherente con sus posiciones en el proceso penal. Sobre la demanda puesta por el Abogado del Estado afirma que carece de legitimación, dado que Puertos del Estado le dio permiso para «personarse» en el procedimiento, es decir, enterarse del mismo, pero «formular demanda supone una toma de postura procesal muy importante que requiere de autorización expresa».

La UE llegaría tarde

Sobre el fondo del asunto, sostiene que «no se ha producido perjuicio patrimonial alguno ni al Estado ni a la UE, pues no se ha tenido que devolver cantidad alguna a la UE, ni podrá devolverse» dado el tiempo transcurrido y las resoluciones que en 2011 dictó Bruselas asumiendo las facturas. «No cabe ya corrección financiera alguna, como ha dicho reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como confirmación de lo dicho, pasados más de ocho años» desde aquel visto bueno a las facturas, «sigue sin haber reclamación alguna por parte de la UE», apunta.

A su favor presenta una tasación realizada por «la prestigiosa empresa American Appraisal» para El Musel, calculando en 801 millones la obra ejecutada, «cifra superior en casi cien millones al coste final pagado». Menéndez Rexach apunta a que el visto bueno al proyecto, la adjudicación y el sobrecoste eran todas decisiones colegiadas y avaladas por los informes jurídicos, deslizando que fue el propio Ministerio de Fomento quien interesó el modificado económico.

En definitiva, tras once años de acusaciones «no se confirmado ninguno de los indicios apuntados en las numerosas denuncias presentadas y solo han conseguido un daño moral ya irreparable en la persona del señor Menéndez Rexach, por la repercusión pública de estos hechos, de gran incidencia en el ámbito geográfico donde se desarrolla su vida personal y familiar», lamenta el escrito.

No habrían ayudado a ello las insinuaciones «insidiosas» y «pintorescas» de la demanda del Abogado del Estado. Así califica la defensa que en la denuncia se pusiera el foco en que directivos y empresarios quedaron a comer en La Salgar, describiéndolo como un «restaurante de 'alto standing' de Gijón, que cuenta con una estrella Michelín». Para el abogado de la defensa, se trata de un comentario «impropio»: «En 2006 ni era de 'alto standing' ni tenía estrella Michelín, le fue concedida ocho años después».