El Ayuntamiento de Gijón defiende las cámaras de la zona rural mientras el PSOE le acusa de «mentir» sobre su funcionamiento
Los socialistas aseguran que «hasta ahora no podían estar operativas o lo hacían de forma ilegal», mientras el gobierno local lo niega y dice que «en esta ultima oleada de robos han sido especialmente útiles»
La red de videovigilancia instalada en la zona rural de Gijón ha abierto un nuevo enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Gijón. La concejala ... socialista Marina Pineda pidió este martes la dimisión de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, a la que acusa de mentir sobre el funcionamiento de los dispositivos que fueron instalados este año en varios puntos de la zona rural del concejo como medida disuasoria y de control frente a las reiteradas oleadas de robos en viviendas. Según el PSOE, hasta el pasado 19 de noviembre la comisión de garantías de la videovigilancia -órgano encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y en el que están representadas la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Delegación del Gobierno y la Federación Asturiana de Concejos- no emitió el informe preceptivo sobre la autorización de estos dispositivos, que empezaron a instalarse en marzo y que el Ayuntamiento aseguró tener ya «operativas» en mayo. «La realidad es que, sin esa autorización, hasta ahora no podían estar funcionando y, si lo hacían, era de forma ilegal», afirmó Pineda, quien pedirá explicaciones al gobierno local en la próxima comisión municipal de Seguridad Ciudadana.
Pero la titular de este área, Nuria Bravo, niega la mayor. «Evidentemente, el Ayuntamiento no ha cometido ninguna ilegalidad. Las cámaras suponen una herramienta importante y en esta ultima oleada de robos han sido especialmente útiles», señaló la concejala, quien añade que «su uso está y estará siempre determinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad». Bravo lanzó «un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía» y criticó las declaraciones del PSOE, señalando que «jugar a hacer política y alentar discursos del miedo con algo tan serio es irresponsable y denota un desconocimiento de la materia absoluto».
«Nuria Bravo debe dimitir»
En su denuncia sobre una situación que considera irregular, la concejala del PSOE señaló que aunque la comisión de videovigilancia y la Delegación del Gobierno emitieron «una autorización inicial» en mayo de 2023 para poder abordar la instalación del sistema, la misma tenía una vigencia de un año, por lo que debería haber sido renovada en 2024, si bien «no era posible porque esa renovación requería que ya estuvieran instaladas y en condiciones de funcionamiento. Ese expediente de autorización caducó y lo que procedía era iniciar uno nuevo». Añadió que cuando este verano, a raíz de una oleada de robos en la zona oeste, la concejala señalaba ante la petición de nuevas cámaras «que estaban pendientes de informes de la Guardia Civil acerca del número concreto de delitos en los últimos tres años, nos tememos que no se refería a ello para una solicitud de ampliación, sino para tramitar la autorización inicial de las que ya estaban instaladas».
Pineda acusó a Nuria Bravo de «mentir a la oposición, a la ciudadanía y sobre todo a las parroquias de la zona rural, a las que dio una falsa sensación de seguridad anunciando que las cámaras ya estaban operativas cuando no era más que una operación de propaganda como a las que este gobierno nos tiene acostumbrados, pero esta vez con una derivada muy grave». Y consideró que «esto solo puede tener una consecuencia: que dimita de manera inmediata o que la alcaldesa la cese y le retire sus competencias». La denuncia de los socialistas llega después de varias semanas con nuevos robos en la zona rural, por los que urgen la convocatoria de la junta local de seguridad.
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