Los sindicatos rompen la negociación sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo

A pesar del malestar que ha generado el documento de propuesta de resolución, los sindicatos mantienen la puerta abierta a consensuar y sacar adelante la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018. Así, en este caso, sí se reunirán para negociar la OEP que calificaron de importante y que ha de aprobarse, como fecha tope, el próximo 31 de diciembre.

Suárez indicó, entre otras cosas, que a principios de año plantearon al equipo de gobierno que era necesario acompasar las subidas y mejoras pactadas a nivel nacional para los empleados municipales, pero que ahora se encuentran con que en la estimación remitida por el Ayuntamiento al Gobierno central se calcula que les va a faltar 2,4 millones de euros. «La desconfianza nos va a acompañar siempre», añadió Rubén Medina (CC OO), que respecto a la OEP apeló a la responsabilidad de Foro para desbloquear esa parte de la negociación y dar solución a la «notable temporalidad». Medina precisó que es muy probable que a principios de enero se dé la aprobación de la jubilación anticipada en la Policía Local, a la que podrían acogerse 61 agentes en Gijón. Y José Manuel Cerra (Usipa) calificó de «muy grave» la situación ya que, añadió, se toman decisiones de forma unilateral que les lleva a judicializar las relaciones laborales. Ildefonso Rodríguez (Sipla) remarcó que la RPT abarca a 300 personas y es preciso aclarar cuestiones, como el complemento de libre disponibilidad para el personal de mantenimiento o los de la unidad de violencia de género. Por su parte, Pierre Pietro (USO) lamentó que los puestos de personal para atención al público disminuyan. Noemí Díez (CSI) hizo hincapié en que se están incumpliendo los acuerdos económicos. Así, los sindicatos instaron a la edil de Hacienda, Ana Braña, a dar explicaciones a «todos estos dislates».

La concejala aseguró que han cumplido con «todos los compromisos asumidos derivados, tanto de la LGPE como del convenio colectivo, pese a estar en prórroga presupuestaria. «Solo quedaría por abonar la segunda fase de la progresión de grado, cuyas pruebas finalizaron en verano. Se pagarán en enero», dijo sobre una cantidad que cifró en 24.300 euros y que afecta a menos del 10% de la plantilla.

Sobre las ayudas de acción social, indicó que se dio la orden de ajustarse al cumplimiento del convenio colectivo y acuerdos reguladores, que recogen que se destinará al fondo de acción social el 1% de la masa salarial. «Lo que ocurre es que las peticiones de ayudas exceden esa cantidad y a día de hoy la cantidad autorizada ya dobla ese 1%». Precisó que la Fundación Municipal de Cultura y la de Servicios Sociales «tienen muchas jubilaciones parciales, que se han comido gran parte de su fondo de acción social». Y que si bien todos los años se recurría a otros fondos para cubrir el de acción social, «otros años no había un plan económico-financiero que cumplir por la regla de gasto».