El Supremo revoca la autorización que permitió activar la depuradora del este

Vistá áerea de las instalaciones de la depuradora del este en El Pisón, activada de forma parcial desde agosto del pasado año. /CHC
Vistá áerea de las instalaciones de la depuradora del este en El Pisón, activada de forma parcial desde agosto del pasado año. / CHC

Estima un recurso de los vecinos de El Pisón y prohíbe continuar con el desarenado y desengrasado en las instalaciones de Somió

MARCOS MOROGIJÓN.

La ciudad regresará a la situación de hace un año con los vertidos contaminantes que produce la cuenca este. Las aguas residuales que genera la mitad de su población volverán a ser evacuadas al medio marino por el emisario de Peñarrubia sin ningún tipo de tratamiento previo. Y además en pleno verano y con sus playas atestadas de bañistas. El Tribunal Supremo acaba de estimar un recurso de casación de los vecinos de El Pisón que revoca la autorización de la Audiencia Nacional que permitió el pasado verano la puesta en funcionamiento parcial de la depuradora del este con el fin de recuperar el pretratamiento que se hacía en la 'Plantona' hasta su desmantelamiento.

El Alto Tribunal prohíbe en su resolución continuar haciendo uso de los equipos de desarenado y desengrasado existentes en el interior de las instalaciones de saneamiento de Somió. De la puesta en marcha, explotación, mantenimiento y conservación de esos equipos se viene ocupando desde agosto de 2018 la empresa pública Tragsa con una contraprestación de 932.389 euros.

El Supremo asume en su sentencia los argumentos esgrimidos por los propietarios de la urbanización de chalés colindante. El principal de ellos es que la Administración central tiene reconocido por escrito que el pretratamiento (el desarenado y desengrasado) que se venía realizando en la 'Plantona' y que se ha querido restituir con la activación parcial de la depuradora tiene un función residual y, por tanto, apenas reduce la carga contaminante de los vertidos. En los fundamentos de Derecho la sala afirma que «es consciente y sensible al problema que suponen los vertidos de agua sin ser sometidas a un previo tratamiento», pero también remarca que «el desarenado y desengrasado de las aguas no garantizan que los vertidos vayan a realizarse en condiciones de salubridad, dado que tales operaciones forman parte del proceso primario de depuración, cuya finalidad esencial es la de mantener y no dañar la propia instalación».

En el fallo se pone de relieve que este pretratamiento que fue autorizado por la Audiencia Nacional y ahora se anula «aporta un muy pequeño rendimiento en la operación global de la depuración del agua residual, por lo que la única opción, si se quiere asegurar unas condiciones sanitarias y de salubridad adecuadas en el vertido al medio marino, es la depuración completa». Por ese motivo considera que no cabe invocar ni el interés general ni las multas impuestas por la UE para justificar la puesta en marcha de una parte de una depuradora sobre la que pesa orden firme de paralización ratificada por el propio Supremo desde 2016.

El Tribunal Supremo señala asimismo en la sentencia que da la razón a los vecinos «el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, incluye el derecho a la ejecución de sentencias en sus propios términos». Contra este fallo, que creará además doctrina jurisprudencial para casos similares que se puedan producir en otras localidades españolas, no cabe recurso. El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, avanza que procederá a requerir al Ayuntamiento de Gijón, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ministerio de Transición Ecológica a que acaten de inmediato este fallo judicial. De lo contrario, advierte, levantará acta notarial del posible incumplimiento con daños y perjuicios y lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía, tanto de Madrid como de Gijón, que están analizando la posible comisión de delitos por la insistencia en la elección de El Pisón como ubicación idónea para la depuradora ya construida y que ahora se pretende legalizar con una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) indicaron «el máximo respeto a las decisiones judiciales que primero autorizaron y ahora revocan».