El Supremo revisará la autorización que permitió activar la depuradora del este

El Supremo revisará la autorización que permitió activar la depuradora del este
Vista aérea de las instalaciones de la depuradora del este en El Pisón, activada de forma parcial. / CHC

Admite un recurso de los vecinos de El Pisón contra la puesta en marcha de los equipos de desarenado y desengrasado en una obra no terminada

M. MORO GIJÓN.

El Tribunal Supremo revisará la legalidad de la autorización judicial que permitió activar el pasado verano los equipos de desarenado y desengrasado que tiene la depuradora del este. El Alto Tribunal ha admitido un recurso de los vecinos de El Pisón contra la decisión de la Audiencia Nacional de recuperar el pretratamiento de las aguas residuales, que antiguamente se hacía en la 'Plantona', en unas instalaciones inacabadas como son las de Somió.

Se da la paradoja de que fue la propia Audiencia Nacional la que ordenó la paralización de la conclusión de las obras de la depuradora en abril de 2016. Los vecinos se agarran a la indefensión jurídica que les ha generado la estimación parcial de un recurso de la Abogacía del Estado basado en la amenaza de las multas de la Unión Europea contra España por incumplir las condiciones de saneamiento en 17 ciudades, incluyendo Gijón.

Según el abogado de la colonia de chalés de El Pisón, Marcelino Abraira, el auto del Supremo es «contundente y con la sola admisión del recurso de casación, con lo difícil que es que esto ocurra, estoy convencido de que nos darán la razón». El letrado además avanza que el fallo del Alto Tribunal «creará doctrina jurisprudencial» para casos similares que se puedan producir. Los vecinos, que mantienen varios frentes judiciales abiertos, esgrimen que el desarenado y desengrasado hacen una función de depuración residual, por lo que no sirve a ojos de la UE y, por tanto, no se justifica la aplicación de una excepción a la ejecución de una sentencia firme.

La planta de Somió precisa de un millón de euros para remates constructivos

Según explicaron fuentes del Ministerio para la Transición Energética, la tramitación de la nueva evaluación ambiental de la depuradora sigue su curso en la Dirección General del Agua. Está a punto de terminarse el informe de las alegaciones recibidas y el paso siguiente será enviar todo el expediente a Calidad Ambiental para llevar a cabo el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Un procedimiento que llevará seis meses y que se puede suspender en cualquier momento si hace falta pedir documentación adicional.

La depuradora del este precisa un millón de euros para remates constructivos de sus instalaciones. La planta construida en El Pisón quedó inconclusa cuando la Audiencia Nacional ordenó la paralización de cualquier actividad en su interior en abril de 2016. Por tanto, cuando concluya la tramitación del nuevo estudio ambiental que ratifica El Pisón como la ubicación más idónea, con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), habrá que ejecutar obras si los vecinos de los chalés colindantes no consiguen frenar la legalización del proyecto.

La empresa pública Tragsa cobrará 932.389 euros por ocuparse durante un año del servicio de puesta en marcha, explotación, mantenimiento y conservación del nuevo desarenado y desengrasado de la depuradora.