Los taxistas reclaman tarifas fijas para anticiparse a la llegada de Uber y Cabify

Actualmente, tres cooperativas se reparten mayoritariamente un negocio que genera unos doce millones de euros al año y que ocupa a más de 568 personas. En la ciudad hay 308 licencias, de las cuales aproximadamente 250 están «dobladas», esto es, son aquellas cuyo titular ha contratado a un asalariado para repartirse la explotación del taxi. Y todos ellos tienen la obligación de ir con taxímetro.

Esto ocurre a pesar de que «vista la oferta de las aplicaciones, al cliente le gusta saber a qué se va a atener cogiendo el servicio», indica Ildefonso Llorente, presidente de la cooperativa Los Amarillos, que agrupa a 72 licencias con prácticamente el doble de trabajadores. Los taxistas tampoco pueden cobrar hasta que terminan el servicio, algo que sí hacen las aplicaciones de gestión de VTC. Si se abriera la veda a las tarifas fijas, opina Faustino Roque, al frente de Radio Taxi Villa de Jovellanos (la cooperativa mayoritaria con 158 licencias), también debería permitírseles esta posibilidad. «Entendemos que el trabajo aquí ya está suficientemente cubierto, otra cosa es que los clientes prefieran saber cuánto les va a costar el trayecto. Pero para hacer eso, necesitamos permiso». Los taxis, asegura el sector, tienen «la misma tecnología para moverse hacia el cliente que esas aplicaciones» en auge. «Llevamos años adaptándonos y hoy en día estamos todos informatizados y nuestra flota se ha actualizado», insiste José Álvarez Cotarelo, presidente de Radio Taxi Gijón. Pero su carácter de servicio público implica que están sujetos a una legislación que, opinan, aún no se ha adaptado a los tiempos y que puede discriminarles si entran estos nuevos actores. Han pasado meses desde el conflicto en las grandes ciudades y aunque las tres cooperativas coinciden en que «al ser una ciudad más pequeñas en la que el volumen de trabajo es diferente, Uber o Cabify tardarán algo más en aterrizar», creen que para evitar que se den réplicas a escala local del enfrentamiento entre vehículos con conductor (VTC) y taxis, el reglamento tiene que actualizarse.

Este tipo de transporte se rige en Gijón por una ordenanza que data del año 1989 y «no es acorde con el momento actual». En octubre de 2017, el sector inició las conversaciones con el concejal de Movilidad, Esteban Aparicio, para elaborar una nueva que incluyese algunas reclamaciones históricas y sirviese de marco para encarar el futuro de este sector profesional y de la propia movilidad de la ciudad. En este sentido, el texto debía ir acorde al nuevo Plan de Movilidad. Ambos están parados. Tal y como apunta Cotarelo, «hace más de un año que no hay nuevas reuniones» sobre la ordenanza, a la espera entonces de la tramitación de la nueva ley de Transportes y Movilidad del Principado. Una vez aprobada, los consistorios disponen de cuatro años para elaborar su propio reglamento de transporte.

Uno de los puntos más conflictivos que incluía el texto de la nueva ordenanza del taxi, actualmente «enquistada», era la regulación de los descansos, sobre lo que hay posturas divergentes. Unos, como Roque, aseguran que su liberalización «es la única manera de defendernos para que no nos expulsen» en caso de que estas compañías, cuya estrategia es abaratar los precios hasta hacerse con una parte del mercado, comiencen a trabajar el ciudades pequeñas. El actual reglamento obliga a descansar un día a la semana al 20% de la flota, algo que según Llorente «hay que respetar salvo en momentos puntuales». De hecho, añade, «el reglamento debería dar medios para sancionar adecuadamente a quienes lo incumplan».

Los profesionales reclaman también que, llegado el caso, se cumpla la escasa regulación en torno a las VTC, que establece una proporción de 30 taxis por cada vehículo de esta tipología. Recuerdan además que los propietarios de licencias VTC «no pueden hacer servicios urbanos porque no disponen de licencia municipal», al contrario del taxi que puede trabajar a nivel local y autonómico. «No estamos en contra de los VTC, que existen desde hace muchísimos años. Nuestro problema son los operadores que pretenden hacer de intermediarios entre el cliente y el servicio y quedarse un tanto por ciento», aclara Roque.

Más allá de la posibilidad de que lleguen a aterrizar estos nuevos agentes, los taxistas reclaman una parada de taxis cercana al Ayuntamiento, ya que «Gijón es uno de los pocos municipios que no la tienen y mucha gente tiene que hacer trámites allí», mejor señalización para las paradas «porque los gijoneses saben dónde están, pero los turistas no lo tienen claro» o la posibilidad de continuar el servicio en algunos tramos peatonales.

«Deberíamos poder acercarnos al público que carece de vehículo propio, ya que tenemos muchos clientes con movilidad reducida», sostiene Roque. «Si queremos que el taxi funcione bien, nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte; pero los ayuntamientos, que en ocasiones nos tienen un poco abandonados, han de considerarnos como un servicio público fundamental en las ciudades», defiende Cotarelo.