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EUGENIA GARCÍA
GIJÓN.
Jueves, 2 de mayo 2019, 03:39
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Con los brazos abiertos acogieron tanto vecinos como el sector hotelero la propuesta debatida el martes en el Pleno del Consistorio para identificar las viviendas que se estén alquilando con fines turísticos de manera irregular. «Nos parece fenomenal que el Ayuntamiento empiece a ponerse las pilas contra los pisos turísticos ilegales», coincidieron.
La iniciativa, presentada por Xixón Sí Puede y aprobada por unanimidad, reclama el desarrollo de una campaña en colaboración con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas y los presidentes de las comunidades de vecinos para informar de la normativa en materia de Viviendas de Uso Turístico y Viviendas Vacacionales y de los derechos de los propietarios y para tratar de detectar los pisos que operan de manera ilegal». El acuerdo plantea asimismo la realización de un «mapeo» sobre el hospedaje en la ciudad «para detectar en qué barrios se están dando las mayores concentraciones, con el fin de hacer un diagnóstico de impacto de los alojamientos turísticos en el tejido urbano».
Precisamente algo similar prepara desde el pasado mes de marzo la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana, cuyo presidente, Adrián Arias, se dirigirá a las concejalías implicadas -Turismo y Urbanismo-, así como a otras instituciones competentes en la materia, para recabar suficientes datos fiables como para hacer un diagnóstico de «esta realidad aún incipiente» y «determinar qué perjuicio está causando en la ciudad».
Para Arias, la medida adoptada en el Pleno para intentar detectar las irregularidades en las viviendas de uso turístico es «necesaria y acertada». Teme que el auge de las viviendas para uso turístico irregulares -que, reconoce, «aún no ha llegado con tanta fuerza a Gijón»- pueda tener en la ciudad el mismo efecto negativo que en otros núcleos urbanos de similar tamaño en los que ha provocado «aumentos en los alquileres, efectos de desplazamientos y, evidentemente, una situación de desigualdad con respecto a quien cumple la legalidad». Preocupa igualmente a los vecinos que «bajo el paraguas de un supuesto proceso colaborativo están procesos de acumulación de propiedades por parte de empresas o incluso fondos buitre».
Preguntado acerca de si la FAV creará una plataforma específica para recoger las quejas vecinales relacionadas con viviendas de uso turístico no declaradas, Adrián Arias no lo descarta, aunque reitera que el primer paso es la recopilación de datos que permita tener una evaluación fiable de la situación. La federación vecinal, no obstante, «siempre es canal para todo tipo de reivindicaciones y seguramente lo seamos también en este caso».
Quien también lleva tiempo reclamando un mayor control sobre las VUT es la patronal turística Otea, que aglutina hotelerías, hostelerías, campings y casas rurales. Su vicepresidente, Fernando Corral, recuerda que «en Asturias hay una normativa que exige una licencia de actividad municipal. Sin esa autorización que expide el Ayuntamiento, cualquier actividad comercial es ilegal». Por lo tanto, asevera, «el Consistorio gijonés y todas las demás administraciones deberían hacer lo mismo: ser consecuentes con la normativa vigente en materia de viviendas de uso turístico, por la cual todo el que carezca de licencia está fuera de la ley». No se trata de ir en contra de las viviendas turísticas, sino contra los alojamientos ilegales que proliferan en plataformas 'online': «Pueden destrozar un sector haciendo uso de una actividad ilegal».
El experto hotelero celebra que se pida la implicación vecinal, ya que «los vecinos son los principales afectados cuando una vivienda de uso turístico no cumple con la normativa». «Cuando por ese alojamiento pasan 300 o 400 personas diferentes en un año, quien sufre el primer impacto es el vecino de enfrente», defiende. Más allá del punto de vista del sector turístico, la problemática de las VUT afecta a «todo un abanico social, desde vecinos hasta propietarios de viviendas regularizadas», sostiene.
Uno de los primeros asturianos que dio de alta su casa como Vivienda de Uso Turístico en el Registro regional abierto en 2016, Manuel González, defiende que «cualquier propietario que tenga una vivienda legalizada está a favor de que las ilegales se excluyan o legalicen», por lo que también respalda lo planteado en la sesión plenaria municipal.
Los dueños de alojamientos de este tipo, defiende, siguen una serie de normas: «Estamos dados de alta, pagamos a Hacienda y tenemos registro de clientes». Considera, eso sí, que las administraciones deberían derivar su atención hacia «ciertos portales que permiten que se publiciten viviendas sin proporcionar el número de licencia turística».
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