«En Venezuela ya estaría muerto»

José Meléndez, José Nava, José Rossell, Eric Mendoza, Tirmary Tovar y Guillermo Starke rodean su 'madrina' Amalia Tarano. / J. PETEIRO
José Meléndez, José Nava, José Rossell, Eric Mendoza, Tirmary Tovar y Guillermo Starke rodean su 'madrina' Amalia Tarano. / J. PETEIRO

La población del país sudamericano afincada en Gijón se duplicó en los últimos dos años por la crisis política venezolana | Varios inmigrantes relatan el dificultoso periplo para poder asentarse en España

EUGENIA GARCÍA GIJÓN.

Tenía trabajo como director de varias sucursales bancarias, era además profesor en dos universidades y contaba con 24 años de experiencia, pero asegura que fue fácil tomar la decisión, hace tres meses, de meter su vida anterior en una maleta de 23 kilos y dejar atrás su país y su familia. Lo fue porque la situación política de Venezuela es «insostenible». Por las colas para comprar productos básicos a precio de un buen sueldo mensual. Por una «inseguridad bárbara» que vivió en sus propias carnes. «Fui secuestrado en dos ocasiones», cuenta José Meléndez, licenciado en Económicas que a sus 50 años tuvo que huir y reinventarse en el sentido más amplio de la palabra.

Él es uno de los 874 venezolanos (491 mujeres y 383 varones) afincados en Gijón. Un número que se duplicó en los dos últimos años y que representa ya un 6,25% de la población extranjera de la ciudad. La primera vez «llegaron dos individuos y me amarraron, me pisotearon y golpearon». Pudo escapar gracias a que el vehículo en el que estaba retenido paró durante unos instantes. El segundo secuestro ocurrió en la oficina del banco en el que trabajaba. «Mi vida corría peligro también por la escasez de medicamentos, ya que soy hipertenso». Eligió Asturias porque ya lo conocía: «Había venido de vacaciones en 2012. Esta vez regresé huyendo».

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Cogió el avión el 5 de octubre de 2018 y desde la ventanilla vio cómo se iba la luz en el aeropuerto de Falcón, única terminal aérea de la Península de Paraguaná, al norte de Venezuela. Iba acompañado de José Moira, de 53 años, que trabajaba en una Universidad en la que «todos teníamos que seguir una línea política. Yo no la seguí, y amenazaron con quemar mi 'carro'». Ambos escaparon de la impotencia de ver cómo «el dinero no es suficiente ni para pagar los gastos, del estrés permanente, de los toques de queda a las seis de la tarde». «Sabemos que somos privilegiados porque tuvimos la posibilidad de salir», reconocen. Por ahora no tienen autorización para trabajar, ya que hasta que no lleven seis meses en el país no pueden conseguirla. Saben que tienen por delante un largo proceso. Solo homologar sus títulos universitarios llevará entre ocho meses y dos años, pero confían en encontrar un trabajo y «ser útiles». «No venimos a quitarle el trabajo a nadie», responden a quienes miran con recelo la inmigración.

Ellos vivían en el centro del país, pero en Falcón, de donde procede el joven José Rossell, de 30 años, «la situación es peor. Estamos más abandonados todavía». Él escapó hace tres años. «Soy licenciado en Ciencias Sociales, pero trabajaba como pastelero por mi cuenta. Compraba la materia prima al por mayor e iba acumulando, pero por culpa de la inflación llegó un punto en que solo tenía inventario hasta octubre». Y el 23 de noviembre se marchó, ayudado por una amiga. Al llegar a Madrid trabajó como interno hasta pagar la deuda del billete de avión. Y cuando su pareja, que se había quedado en Venezuela, pudo reunirse con él, Cruz Roja -que atiende a los solicitantes de asilo y los distribuye por el país- los trasladó a Gijón. «Comenzamos a hacer certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria y empecé a trabajar en una residencia». Pero a los ocho meses se encontró con una de las trabas que afectan a casi todos los inmigrantes venezolanos: llegado el momento de renovar su tarjeta de residencia, le denegaron el asilo. Así que ahora está en un limbo de irregularidad que no le permite trabajar de manera legal, pero tampoco se plantea volver, ya que «una de las cosas que me sujetan aquí es mi familia. Si no les ayudo enviándoles dinero para comida y medicinas, no sobreviven».

Esa es la labor a la que se dedica fundamentalmente la asociación Amigos de Venezuela en Asturias, que funciona también como un punto de información para los inmigrantes. «La corrupción en nuestro país es una cosa muy mala, pero en este caso es hasta positiva porque nos permite enviar medicinas sin las cuales moriría mucha más gente», explica la presidenta de la entidad, Amalia Tarano. Ibuprofenos, antidiarreicos, antibióticos... Un blíster puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, porque «la situación sanitaria del país es deplorable».

«Emigramos por miedo»

Tanto, que cuando diagnosticaron al pequeño Matías, de 5 años, con celiaquía e irritación intestinal a causa de la imposibilidad de encontrar alimentos sin gluten avisaron a su madre, Tirmary Tovar, de que en todo el país no iba a encontrar el reactivo que necesitaba. Fue la gota que colmó un vaso a punto de rebosar por las amenazas de muerte que su marido, Guillermo Starke, había recibido a causa de su actividad opositora como dirigente estudiantil en la universidad donde estudiaba. «Empezaron a seguirme, a amenazarme; me secuestraron y llegaron a intimidar a mi mujer», relata.

«Todos los venezolanos emigramos por una sola cosa: miedo. A que te roben, a que te maten, a no tener que comer», resume Eric Mendoza, de 39 años. Su temor era que la enfermedad renal que padece acabara con su vida, como ocurrió con los otros 31 pacientes con los que compartía la unidad de diálisis en un hospital venezolano.

Actualmente, aunque carece de permiso de residencia, está en la lista de trasplantes española. Tiene una hija de dos años a la que le gustaría criar en Gijón, pero se encuentra en una situación crítica. «El mes que viene tengo que entregar el piso donde vivo porque no tengo cómo pagarlo, ya que sin permiso no puedo trabajar». Pero, dice, no tenía otra opción: «Si me hubiese quedado en Venezuela, ya estaría muerto».