Ponga un funcionario chino en su vida

Un residente en la región de Xinjiang atiende durante una lección de chino. /Reuters
Un residente en la región de Xinjiang atiende durante una lección de chino. / Reuters

La estrategia de China para asimilar a los uigures abarca desde la reeducación hasta la obligación de adoptar a un empleado público

ZIGOR ALDAMAShanghái (China)

Imagine que el Gobierno de España decidiese por decreto que todas las familias musulmanas del país, sean o no españolas, deben convivir con un funcionario del Estado para adaptarse a las costumbres locales. Y que algunos de sus miembros, a los que se vigila estrechamente utilizando las últimas tecnologías de videovigilancia y espionaje cibernético, también deben ser internados durante un periodo de tiempo en campos de los que no pueden salir para recibir educación cívica. Pues bien, aunque esta propuesta cada vez parece menos descabellada en el actual panorama político español, eso es exactamente lo que China está haciendo en la región noroccidental de Xinjiang.

Allí es donde reside la mayoría de la población uigur, de origen túrquico y religión musulmana. Como sucede en la vecina provincia del sur, Tíbet, se trata de un grupo étnico que cuenta con unas marcadas diferencias culturales, que, en algunas ocasiones, se han esgrimido por grupos radicales para justificar ataques contra las Fuerzas del Estado e incluso salvajes actos terroristas contra la población de la etnia mayoritaria han.

Aunque la prensa rara vez se hace eco de ellos, en gran medida por las dificultades para informar desde el terreno, en la última década han muerto cientos de personas en un complejo conflicto que el Gobierno chino reduce, esgrimiendo datos sobre uigures que han viajado a Oriente Medio para combatir en las filas del Estado Islámico, a un problema de integrismo religioso. Y para solucionarlo ha puesto en marcha una estrategia social tan ambiciosa como polémica.

Después de haberlo negado en varias ocasiones, el año pasado Pekín se rindió a las evidencias que proporcionan decenas de testimonios e imágenes de satélite y reconoció que cientos de miles de uigures están siendo obligados a participar en programas de reeducación que se imparten en campos construidos o remodelados a tal efecto. «Son muy efectivos para combatir el extremismo, formar a la población en temas como el Derecho, y para que aprendan mandarín», afirmó el gobernador de Xinjiang, Shohrat Zakir.

Ante las críticas de ONG, gobiernos, e incluso de Naciones Unidas, la semana pasada China permitió que una delegación de 12 diplomáticos de países 'amigos' -entre los que no había ningún occidental- visitase tres de estos campos. Según la prensa oficial del país, la mayoría quedó satisfecha y no apreció ninguna violación de los derechos humanos. «Eso son mentiras calumniosas», disparó Zakir contra la prensa occidental que se hace eco de los desmanes denunciados por diferentes organizaciones.

Otra realidad

La agencia Reuters es uno de los pocos medios de comunicación extranjeros que también han podido acceder a las instalaciones, y su crónica esboza una realidad algo diferente. En una de las clases a las que pudo acudir brevemente, una profesora explicaba en mandarín que prohibir la danza en una boda o llorar en un funeral son signos de integrismo islamista. En otra clase, los uigures leían una lección titulada 'nuestra patria es muy extensa', y en varias más bailaban y cantaban.

Algunos de los residentes a los que Reuters pudo entrevistar, siempre bajo la supervisión de funcionarios chinos, utilizaron a menudo la fórmula «infectados con ideas extremistas» para referirse a los internos, y al menos uno de los campos retiró para la visita los barrotes y otras medidas de seguridad que unas fotografías habían dejado en evidencia anteriormente. Además, la agencia reconoce que varias de las escenas que pudieron ver sus periodistas parecían preparadas con antelación. No obstante, es imposible verificar de forma independiente estas sospechas porque los periodistas tienen prohibido el acceso.

Lo que sí se puede confirmar es que más de 1,1 millones de funcionarios chinos conviven o han convivido desde octubre de 2016 con 1,69 millones de familias uigures en una campaña cuyo objetivo es, según el diario oficialista chino Global Times, incrementar la unidad étnica de la región. No ha trascendido cómo buscan lograr esa unidad, pero es evidente que Pekín utiliza a estos funcionarios como un ejército de espías que se infiltran en la vida de los uigures. Según Human Rights Watch, las familias se ven obligadas a revelar datos íntimos y a explicar sus ideas políticas. «Comen y duermen, de forma literal, vigilados por el Estado», afirma Maya Wang, investigadora para China de la organización.

A este programa de vigilancia se une otro que utiliza una creciente red de cámaras equipadas con sistemas de reconocimiento facial y 'software' de espionaje cibernético que controla las conversaciones que se mantienen a través de aplicaciones de mensajería instantánea. «Es uno de los aspectos más preocupantes de la represión de los uigures. Xinjiang es el territorio en el que el Gobierno experimenta con la creación de una sociedad distópica», critica Ryan Barry, coordinador político del Congreso Mundial Uigur, en una entrevista con este periódico.

Muestras de ADN

«Las autoridades chinas también están tomando muestras de ADN, monitorizando toda la actividad en Internet, y utilizando el sistema de crédito social para asegurarse de que los uigures cumplen con todo lo que se les ordena hacer. Esto ha creado un clima de terror y de desesperación en el que es imposible expresarse libremente, ni en público ni en privado», añade Barry, activista de una organización que China tacha de independentista e, incluso, de terrorista. Son también adjetivos que el Partido Comunista ha utilizado para referirse al Dalai Lama, y Barry considera que Tíbet sufre una situación similar.

«La recolección de datos personales no es inherentemente ilegal y puede ser una técnica permisible en investigaciones criminales. Pero se debe exigir a China que esa recolección se ajuste a la legalidad internacional y que sea regulada y proporcionada», añade Wang a este periódico. «Comparado con lo que sucede en Occidente, el caso de China es más preocupante porque el país no cuenta con un sistema judicial independiente, una prensa libre o una sociedad civil capaces de controlar al poder político», subraya.

Existe la posibilidad de que la estrategia de Xinjiang se vaya extendiendo a toda la población musulmana del país, estimada en unos 20 millones. Porque, el sábado de la semana pasada, China aprobó un plan quinquenal para 'chinizar' el islam de aquí a 2022. Según informó el Global Times, los representantes de ocho asociaciones musulmanas accedieron a «guiar al islam de forma que sea compatible con el socialismo». Nadie sabe, de momento, qué supone eso. Pero sí que se pueden deducir algunas consecuencias: los musulmanes que puedan abandonarán China. De momento, eso lo van a hacer unos 2.000 chinos de etnia kazaja que residen en Xinjiang y a los que Pekín permitirá renunciar a su nacionalidad para adoptar la de Kazajistán y evitar así sentirse perseguidos.

 

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