Secciones
Servicios
Destacamos
MERCEDES GALLEGO
Corresponsal. Nueva York
Martes, 14 de julio 2020, 17:08
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Daniel Lewis llevaba 20 años en el corredor de la muerte, pero el Gobierno de Donald Trump tenía prisa en ejecutarlo. Apenas el Supremo autorizó de madrugada el uso de la inyección letal que pondría fin a su vida, el verdugo llevó a cabo la ejecución. Eran las 8.07 horas en Terre Haute (Indiana) cuando concluía la pausa de 17 años en ejecuciones federales con la que el fiscal general William Barr dice saldar una deuda con los familiares de las víctimas. Sin embargo, estos ni siquiera estaban presentes.
Earlene Peterson, la madre de Nancy Mueller, y otros familiares de las víctimas, habían pedido a los tribunales que pospusieron la ejecución al no poder viajar hasta la prisión debido a los riesgos que la pandemia supone para sus vidas. Peterson tiene 80 años y sufre de problemas de corazón. La anciana se ha opuesto frontalmente a vengar la muerte de su hija con otra muerte, pese a que con ella murió también su yerno y su nieta de 8 años, cuyos cuerpos fueron arrojados al río con bolsas de plástico en la cabeza. Peterson no cree que su hija hubiera aprobado la pena capital, pero insistía en que, de producirse, quería estar presente.
División entre los jueces. La tribunal señala que el dilema moral «descansa sobre el pueblo y sus representantes»
Ese era también el caso de Mónica Veillette, sobrina de la víctima, que sufre de asma, y de Kimma Gurel, los otros familiares que interpusieron un recurso con el que lograron detener el lunes la ejecución, pero el Supremo fue expedito y el Gobierno aún más.
Con la muerte de Lewis se abre la veda para aplicar la pena capital a 62 reos, que han visto sus vidas prorrogadas en una angustiosa espera que, según el juez Breyer, partidario de que el alto tribunal enfrente de una vez por todas la pena de muerte que ejecutan por su cuenta diversos Estados, «puede provocar un severo sufrimiento psicológico» y constituye el «cruel e inusual castigo» que prohíbe la Constitución.
Si bien él y otros tres de los jueces del Supremo no cayeron en la «ficticia urgencia del Gobierno», los otros cinco, todos conservadores, consideraron que su responsabilidad es «asegurarse de que los métodos de ejecución son legales y las sentencias se han resuelto de forma justa y expedita». El dilema moral de la pena capital «descansa sobre el pueblo y sus representantes, no sobre los tribunales», fallaron.
Lewis dejó a los testigos de su muerte con unas inquietantes últimas palabras. «He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.