Polonia pagará un millón diario por su régimen disciplinario contra los jueces

Bruselas se colocó de perfil. Optó por callar ante una retórica de escaparate cargada de beligerancia. Mejor esperar a la fuerza de los hechos. Y el primero, contundente, se consumaba este miércoles mismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba la razón al Ejecutivo de Ursula von der Leyen con una sentencia que golpea directamente al bolsillo y, de paso, augura una nueva reescalada de las tensiones a propósito de la independencia judicial polaca.

El fallo, con la firma del vicepresidente del Alto Tribunal, Lars Bay Larsen, obliga a este a país a pagar un millón de euros diarios de multa desde la fecha en que se notifique dicha orden a Polonia y hasta el momento en que ese Estado miembro cumpla con las obligaciones derivadas del mandato que les obligaba a derogar una serie de controvertidas medidas vinculadas a su Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo.

El propio TJUE exigió medidas cautelares hasta su potencial derogación en una sentencia emitida el 14 de julio. Y posteriormente (en septiembre) lo hizo la Comisión Europea ante la evidencia de que ese fallo no se estaba cumpliendo. Bruselas pedía una sanción económica y la Curia de Luxemburgo se la ha concedido.

«Como no ha suspendido la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional» sobre el régimen disciplinario a los jueces polacos, se obliga al país a abonar la cuantía fijada. Porque el objetivo es «evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores» en los que se cimenta esta Unión, «en particular el del Estado de Derecho».

El 'modus operandi' de la Sala Disciplinaria del Supremo polaco se cuestiona desde hace meses. El Ejecutivo comunitario, cuando reclamó la sanción económica (este miércoles concedida) defendía la necesidad de «garantizar el cumplimiento de la orden de medidas cautelares del TJUE» que hacía hincapié en unas facultades que chirrían. Le permite pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad judicial, así como influir en otras decisiones en materia de empleo, coberturas del sistema nacional de seguridad social, e incluso jubilación de los jueces.

Bruselas daba ese paso tras constatar que Polonia no estaba dando aplicación completa a las medidas que se le reclamaban. En concreto se refería a la apertura reciente por parte de las autoridades del país de una investigación contra un juez de un tribunal ordinario. En definitiva, que la Sala Disciplinaria ha seguido funcionando. Y la incógnita es si con esta decisión de Luxemburgo -quedaría pendiente un fallo más definitivo sobre todo el organigrama- dejará de hacerlo. Todo apunta a que no. Sebastian Kaleta, viceprimer ministro de Justicia polaco, se asomaba a Twitter para ofrecer su valoración: «Es la siguiente fase de la operación para que Polonia no tenga tanta influencia en el sistema de nuestro país, es usurpación y es chantaje», escribía antes de cuestionar de nuevo la prevalencia del TJUE, al que acusó de «ignorar por completo la Constitución polaca y las sentencias del Constitucional. Opera fuera de sus competencias y abusa de la imposición de sanciones y medidas provisionales».

El mismo TJUE cuya primacía cuestionan Polonia y Hungría está estudiando sendos recursos de ambos países contra esa cláusula de condicionalidad -bloqueo de fondos europeos si no hay respeto al Estado de Derecho- que la Comisión Europea, el Parlamento y muchos países de la UE quieren utilizar para responder a sus desafíos. Varsovia (también Budapest) tiene retenido el acceso a más de 35.000 millones de euros del plan de recuperación contra la pandemia.

Y el castigo podría extenderse más allá; a las cuantías asignadas en los presupuestos para el periodo 2021-2027. La Comisión no parece que vaya a pulsar ningún botón rojo hasta que la Curia falle sobre los recursos de Hungría y Polonia, algo que no se espera hasta diciembre.