El plan de descarbonización de las factorías asturianas de ArcelorMittal ha sido respaldado por el Gobierno de España y la compañía siderúrgica con la firma ... de un acuerdo, en Davos, que contempla la puesta en marcha de una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) y un horno eléctrico. Ambos equipamientos permitirán prescindir de uno de los hornos altos y de la acería, reduciendo en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. La puesta en marcha de las nuevas instalaciones está prevista para 2025. El plan comporta una inversión de mil millones de euros, la mitad de ellos procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la otra mitad la aportará la multinacional. El documento firmado por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal, hace alusión a la necesidad de seguir avanzando en el proceso de descarbonización con la posible puesta en marcha de un horno de arco eléctrico en la planta de Avilés que sustituiría a la actual acería. Esta última operación no está cerrada; ambas partes negocian los plazos de la operación y la financiación de la misma.
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La buena noticia que supone para toda la industria asturiana el compromiso del Gobierno y de la multinacional siderúrgica para hacer sostenible la producción de acero en Asturias ha estado empañada con una resolución de la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo que reduce progresivamente el plazo para disponer de derechos de emisión gratuitos de CO2 hasta dejarlos en cero en 2030. La decisión, para ser vinculante, tiene que ser ratificada primero por el plenario de la Eurocámara y, luego, recibir el visto bueno en las reuniones interinstitucionales (trilogos) entre el Consejo Europeo y el Parlamento, con la mediación de la Comisión Europea. Con el nuevo calendario los eurodiputados tratan de presionar al sector industrial para que prescinda de los combustibles fósiles. La ruta marcada puede hacer inviable las producciones industriales cuando están en plena transición hacia la neutralidad climática.
En el caso de la siderurgia asturiana el segundo horno alto estaba previsto que estuviera activo hasta 2032. Con el nuevo calendario de concesión de derechos de emisión, en 2028 dejará de ser rentable. La aceleración de los plazos para dejar de contar con emisiones gratuitas también afecta a otras dieciséis instalaciones regionales, entre las que están Asturiana de Zinc, DuPont, Saint Gobain y las plantas de Cementos de Tudela de Veguín.
Llama la atención la falta de una visión global del legislativo europeo. El mercado de las emisiones de CO2 creó un problema de competitividad para la industria que se va a poder solucionar con un ajuste de carbono en frontera, igualando el precio del carbono de los productos producidos en la UE con los procedentes de mercados extracomunitarios. La industria pesada europea está haciendo un esfuerzo extraordinario para avanzar hacia las producciones limpias. En la actualidad, cada tonelada de acero producido en Asturias lleva aparejado la emisión de 1,8 toneladas de CO2. Si no hay derechos gratuitos el sobrecoste de emisión será de 160 euros por tonelada que se añadiría al coste de producción actual. Cabe añadir que el precio de emisión ya está ahora en 89,1 euros, dieciocho veces más que hace un lustro. Con esas dificultades, pero también con claras oportunidades, como el acuerdo global del acero y aluminio firmado con Estados Unidos, que suspende los aranceles impuestos por Trump, no tiene sentido asfixiar a la industria pesada con la reducción de derechos, cuando ya se ha consensuado una reducción del 55% del CO2 para 2030.
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Sin que haya perdido intensidad el problema del coste del aprovisionamiento energético, la industria asturiana está centrada en el cambio tecnológico hacia las producciones verdes, con el hidrógeno como nuevo combustible que suministrará el consorcio HyDeal (Arcelor, Fertiberia, Enagás) para la industria regional.
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