Aferrarse a las instituciones

En efecto, los cuatro candidatos que debía presentar el Congreso de los Diputados han sido objeto de una verdadera batalla mediática, antes de que el jueves 11 de noviembre se produjera el aval definitivo de la cámara. Mientras Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán pasaban su examen con discreción, salvo alguna mención de la derecha cavernícola por ser candidatos de la izquierda, los dos nombres planteados por el PP levantaron verdaderas ampollas: Concepción Espejel, que fue apartada del caso Gürtel por su afinidad explícita con el PP, caracterizada en la famosa expresión de Cospedal «querida Concha», en cambio en esta ocasión casi pasó inadvertida, a pesar de ser un detalle tan significativo, debido a la irrupción del otro candidato del PP, Enrique Arnaldo. Efectivamente, su cargamento de irregularidades de partida era bastante sonado, pero a partir de entonces una verdadera descarga mediática empezó a desplegarse para brindar a la opinión pública multitud de nuevas incidencias a cada cual más chirriante, para mostrar que bajo ningún concepto era un candidato idóneo para una función tan esmerada y sensible como la que comporta el tribunal de garantías de nuestro país.

Por tanto, Enrique Arnaldo se convirtió finalmente en el principal objeto de escándalo de la renovación.

En el examen de rigor, el socialista Odón Elorza, Portavoz en la Comisión Constitucional, le formuló 17 cuestiones sobre su curriculum, que dejaron en evidencia al candidato, que no obstante se mantuvo entero y dijo: «Yo no soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos», llevando su desfachatez hasta el límite. El Grupo Popular se quejó a los socialistas por ese trato, y Elorza fue relevado en el Pleno por el portavoz de Justicia.

El malestar en los dos grupos del Gobierno era evidente, pero la voluntad de no romper el acuerdo prevaleció. Al llegar la votación, hasta ocho grupos parlamentarios no participaron, lo cual supone una pérdida de credibilidad del Congreso y del propio Tribunal Constitucional muy lamentable. Si a ello sumamos algunas indisciplinas de voto producidas en los grupos del gobierno, hasta 10, entre ellos Elorza, que lo hizo público, y un miembro del propio TC, que votó también en contra de la ratificación, algo inaudito hasta hoy queda patente la desafección existente.

Pero al final, ¿quién sale perdiendo con todo esto? Para empezar, en el debate público apenas se destaca que la mayor responsabilidad del desaguisado pertenece al PP como grupo proponente, que valiéndose de la falta de veto practicada, puso dos candidatos impresentables para devolver favores y asegurarse su voto fiel en los recursos pendientes.

Pero hay un hecho cierto: el electorado popular no castiga en absoluto este tipo de actuaciones, al contrario, las valora como gestos valientes frente al Gobierno 'socialcomunista'. Los votantes socialistas tampoco se inquietan demasiado con estas incongruencias, acostumbrados a pactar in extremis, pero sí algo más que los populares. En cambio Unidas Podemos sí sufre en sus propias carnes estas concesiones. Porque quienes vienen a la política a regenerar el sistema no pueden dejar de sonrojarse ante esta situación, aunque solo sea táctica para conseguir un objetivo.

Más aún, este serio desgaste para los grupos del Gobierno, incluso ante sus aliados de mayoría progresista, ha ocurrido sin todavía tener garantías mínimas de lograr el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es donde está la madre del cordero de las renovaciones pendientes. Si esto no se consigue, el fracaso será rotundo, por más que resulte obvio que ahora el PP no puede eludir ese compromiso, ya que Bruselas exige una solución ya. Pues por lo demás es claro que el PP, por la representación que ostenta, otorgada por voto democrático, tenía derecho a dos candidatos y, por consiguiente, es su responsabilidad a quién propone, por lo que el apoyo parlamentario es un trámite para viabilizar las propuestas.

Aun así hay que reconocer, por inevitable que haya sido, que la eliminación del veto, en este caso, ha resultado muy costosa para la izquierda gobernante.

Ahora bien, si por fin se consigue completar la renovación del TC en pocos meses y cambia, como es previsible, la mayoría del órgano, superado el bloqueo del CGPJ, entonces nos sentiríamos confortados por la renovación, a pesar del mal trago actual.

Con esa esperanza seguimos, aunque salgamos tocados de este envite.