En apoyo a la justicia

Quienes censuran al trumpismo por su ambiciosa y alocada dominación, tendrían también que dejarse de mirar tanto al ombligo, pues al final, mediante el intervencionismo, aplican sus mismas recetas. Las reformas del ministro Bolaños son totalmente inoportunas en el tiempo, en la forma y en el fondo. Bajo el disfraz de la modernización, esconden una transformación amoldada a los intereses políticos a través de la modificación del acceso a la profesión y del estatuto que regula la Fiscalía. Con la primera, quiere emprender ya el proceso de estabilización de los interinos y aumentar el número de jueces agilizando la entrada por la vía del cuarto turno, reservado a juristas de prestigio, extendiendo la misma fórmula a los fiscales. Con la segunda, el objetivo es dejar en manos de estos últimos la instrucción de las causas penales. Ambas normas implican un incremento de la injerencia política en un momento en el que es fundamental para la preservación del estado de derecho que el poder judicial sea más independiente que nunca.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su intervención al recibir la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Oviedo, recordó muy acertadamente que jueces y fiscales tienen que ser «profesionales de la neutralidad». Jesús Chamorro, de manera gráfica, señaló que los magistrados tienen, como cualquier otro ciudadano, su equipo favorito, pero «no son de ninguno cuando dictan las resoluciones».

La regeneración que tramita el Gobierno de Sánchez lleva implícita el uso de las camisetas, quebrando el criterio de la competencia en la carrera judicial desde la igualdad y la máxima transparencia. El ejercicio de la justicia tiene que quedar apartado de las ideologías, de los parentescos y de las afinidades. Sin embargo, la obsesión de quienes nos gobiernan y de los socios parlamentarios que hasta ahora les han venido acompañando es introducir por la vía legislativa unas variantes que amenazan con quebrar el valor de la imparcialidad. Y es absolutamente rechazable que este proceso se abra a la par de los continuos escándalos por supuestos delitos de corrupción, amaño de contratos públicos, tráfico de influencias y prevaricación, de los que estamos siendo testigos, y sobre todo víctimas, toda la ciudadanía.

El acceso a la judicatura posiblemente requiera darle una vuelta, por supuesto, pero para blindar más aún su independencia, alejándola totalmente de la voracidad de los políticos por controlar todas y cada una de las instituciones. Al igual que, quizás, se tendría que revisar el sistema de aforamiento de los representantes públicos.

La justicia, por otro lado, acumula muchísimos más problemas, cuya responsabilidad atañe al poder ejecutivo. Se trata del cúmulo de necesidades que arrastran sin ser suficientemente atendidas por la Administración en perjuicio de la labor diaria de los profesionales y, por ende, del servicio a los propios administrados. El tratamiento que recibe invita a pensar que no figura en el mismo orden de prioridades que otros sectores, pese a ser garante de los derechos del estado democrático y de bienestar.

En Asturias, por ejemplo, es constante la reivindicación de la falta de medios materiales, personales y de infraestructuras para mejorar la atención y agilizar la respuesta judicial. Esta carencia se manifiesta aún más cuando la litigiosidad está creciendo en proporciones nunca vistas y, especialmente, con la puesta en marcha de la nueva ley de Eficiencia Judicial, que avanza de manera positiva en la comarcalización de servicios, pero que tiene que ir acompañada de un esfuerzo presupuestario mayor del previsto. El alargamiento sin fin de la ansiada reunificación de las sedes judiciales en Oviedo urge una salida inmediata. Con el plan de Llamaquique, siendo optimistas, al ritmo del funcionamiento actual en esta región, quedaría todavía una década de espera para cumplir una vieja aspiración de más de 25 años.