No caben más enredos
Esperar a lo que digan los tribunales de justicia para levantar definitivamente las barreras de la autopista del Huerna no es una decisión jurídica sino política, que tiene que tener sus consecuencias. Como política también es la bonificación total inmediata o el rescate de la concesión
El éxito de la movilización del 17-O cobra mayor trascendencia por el momento político en que se produce. El clamor unánime en Asturias en favor de la eliminación del peaje del Huerna es la expresión de un sentimiento colectivo que lleva rondando en la región en los últimos años por el trato preferencial del gobierno central a unas comunidades que, lejos de ser leales al sistema constitucional, han venido aplicando permanentemente el chantaje como arma para desequilibrar a su favor la España de las autonomías. Ha sido la manifestación del hartazgo, encendida por la injusticia del pago de la autopista y especialmente por la displicencia chulesca de un ministro, el titular de la cartera de Transportes. Óscar Puente, con sus intervenciones vejatorias hacia los asturianos -cosa que no osa hacerlo con los catalanes o con los vascos pese a ser un señor de Valladolid-, no hizo más que dar validez al desprecio hacia una región por parte de un Ejecutivo que solo decreta, de manera sobrada, en virtud de lo que piensen o hagan sus socios en el Parlamento.
Asturias no tiene el peso de los votos, por ello pasa a ser un territorio de tercera para un gobierno que únicamente actúa por impulsos, ... mediante improvisaciones, en función del rédito que vaya obteniendo día a día para continuar resistiendo, a base de dádivas a los nacionalistas, aunque sea prorrogando los presupuestos hasta agotar el mandato. Como no tenemos el poder de los votos, el trato es provinciano y ni siquiera se atiende ya al don de la querencia dentro de las mismas siglas, no cabe más que la movilización, que forma parte de nuestra identidad. La fuerza de la unidad que se hizo patente detrás de la pancarta del 17-O necesariamente no se puede perder, más aún cuando estamos convencidos de que nos asiste la razón, como es el caso del escandaloso agravio que supone mantener un peaje ilegal.
La protesta política, empresarial y social del viernes, con una réplica ayer de grado más limitado aunque igualmente significativo por el terremoto del Huerna, ha sido comparada con la protesta de 1989 de la plataforma por la variante y la histórica escandalera del 27 de marzo de 1881 contra el trazado ferroviario por Pajares. De esta última cabe recordar que el día antes, en Gijón, se celebró una manifestación, también numerosa, como antesala a la concentración regional para frenar el proyecto de un trazado endiablado.
En esta ocasión no se produjo un hecho así en relación con el Huerna, aunque ello no quiere decir que no haya motivos para que, en materia de infraestructuras del Estado, la ciudad salga a la calle diciendo basta ya. Gijón sigue siendo el lugar más castigado por los embrollos ministeriales de las dos últimas décadas con gobiernos de ambos colores. Víctima de asechanzas, rozando la fechoría, en todas y cada una de las actuaciones pendientes, con un túnel ferroviario abandonado atravesando la urbe, una estación de tren provisional eterna, un acceso viario al centro de la ciudad impresentable por la paralización del plan de vías, los camiones cruzando el barrio de La Calzada por Cuatro Caminos como lo hacían en los años sesenta y condenando a El Musel a ser el único gran puerto industrial de España sin una comunicación por carretera decente.
Dijo Óscar Puente que el tema del peaje no era el problema central de los asturianos, que hay otras prioridades y claro que existen otros asuntos sin resolver por su departamento como los citados anteriormente, la red de cercanías, la prolongación de la vía rápida de Lena a Gijón o la conexión del suroccidente. Todas son primordiales, pero declararse insumiso al fin de una ilegalidad, manteniéndola contra viento y marea para que la sigan costeando los ciudadanos va camino de lo delictivo. Es cierto, por otro lado, que la palabra del ministro en este caso no es la única que se debe escuchar. Terminar con el atraco del Huerna compete a la parte económica del Gobierno y a su presidente por el elevado coste que tiene la operación, pero ello no puede impedir que se acabe de manera inmediata con semejante discriminación. Ya habrá tiempo también para exigir responsabilidades a quienes, estando en el poder, decidieron prorrogar la concesión condenando de esa forma a la región.
Sería un grave error que quienes tienen ahora la capacidad de lograr que se levanten las barreras, no lo hicieran. No caben más enredos. En ese sentido, esperar a lo que digan los tribunales de justicia para hacerlo es una decisión no jurídica sino política, que tiene que tener sus consecuencias. Tan política como la bonificación total o el rescate, que es lo que se debería de ejecutar después del dictamen de la Comisión Europea. Si dejamos que la solución se lleve al próximo programa electoral, dada la experiencia acumulada, corremos el riesgo de una nueva decepción.
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