El cortafuegos

De las explicaciones dadas por la que se ha convertido en la consejera más efímera de la comunidad autónoma se puede extraer una constatación que sirve de introducción al relato de los hechos ocurridos en la fatídica mañana del 31 de marzo en las entrañas de la mina. Belarmina Díaz, en su primera comparecencia en la Junta General, adelantó una parte de los resultados de la inspección realizada en el interior del yacimiento sobre las causas del siniestro que segó la vida de los cinco mineros. «Trabajaban en unas condiciones que ni en el peor de los chamizos, impropias para el siglo XXI. No estamos hablando de un simple incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores».

Como ese escenario descrito por la representante política e ingeniera de minas parece cobrar visos de realidad es totalmente increíble que nadie, en los tiempos que corren, denunciara antes esa situación. En la cadena de culpables, por lo tanto, se sitúa en primer lugar la propiedad de la empresa y la dirección de la explotación, pero también se derivan otras responsabilidades por la carencia de vigilancia de la tarea que allí dentro se estaba acometiendo.

La figura de los cómplices está recogida en la legislación sobre seguridad laboral a la hora de determinar las culpas en los accidentes por negligencia u omisión. Ahí entran en juego todos los agentes, incluido el papel de la Administración cuando en una mina subvencionada por los planes de cierre recibe al mismo tiempo autorización, supuestamente con artimañas, para una actividad, la de la retirada de material e investigación, que luego se transforma en un chiringuito para sacar carbón clandestinamente. Y la autoridad minera, que tiene como función controlar todo eso, resulta que en los últimos meses no lo hace, pese a las advertencias de que allí se estaba cometiendo una tropelía. Las denuncias de personas ajenas quedaron en el limbo.

Belarmina Díaz justificó su obligada renuncia para «no ser un obstáculo en la investigación, ni para conocer la verdad ni para que se haga justicia».

La ya exconsejera, bajo el ejercicio de una aparente ética política, protege al Gobierno de Barbón de la arremetida de la oposición para encausar una gestión de siete años al frente de la administración minera. El líder socialista ahora, con la remodelación del gabinete dinamitando la consejería del 'affaire', está dispuesto a hacer saltar por los aires aquel departamento en su compromiso público de llegar hasta las últimas consecuencias «caiga quien caiga».

Vistos estos últimos acontecimientos, solo la intención de la oposición de constituir la comisión de investigación en la Junta General ha obtenido los mayores efectos. La tramitación para su creación depende del veredicto que haga la militancia de Somos, el partido al que representa la diputada Covadonga Tomé, que impulsó la iniciativa con el apoyo de PP, Foro y Vox. No hay antecedentes en la historia parlamentaria de la autonomía que este instrumento fiscalizador hubiera cosechado tantos resultados simplemente con el anuncio. En ese sentido, la oposición política está claramente legitimada para exhibir un alto nivel de satisfacción.

Independientemente de lo que ocurra en esta semana entrante que se tendrá que decidir si la comisión sigue o no su camino, hay otros dos procesos abiertos, que serán determinantes para esclarecer la responsabilidad administrativa y penal en la tragedia minera. Aquí sí que hay que pedir agilidad por la memoria de las víctimas y la reparación a las familias y a los trabajadores heridos.

Por un lado, la inspección de los servicios generales, que analizará si se cometieron fallos en la autoridad minera y servirá para delimitar la culpabilidad en el seno de la consejería. Por otro, la actuación del Juzgado de Cangas de Narcea donde se abrieron las diligencias por el accidente y se fijarán los encausados y los delitos. La crisis, hasta entonces, seguirá latente.