El misil sobre la opa

Hay solo dos salidas. Una es la retirada de la operación, quizás la menos mala y razonable dada la situación a la que se ha llegado después de mantenerla viva durante más de un año entre el rechazo generalizado de una gran parte del empresariado, de la Administración y de los territorios más afectados por las consecuencias de la unión bancaria. Y la otra, llevarla adelante con la modificación necesaria por el escenario de la 'no fusión', resolver el proceso del canje y ceñirse a ser el mayor accionista con un control restringido, bajo la obligación de prolongar la integración durante más tiempo.

No sería la primera vez que el Sabadell tiene como partícipe principal a otro competidor. La Caixa llegó a poseer el 15% de la enseña con el traspaso de la propiedad del Banco Herrero a la entidad presidida por Josep Oliú hace veinticinco años. Oliú, lo demostró entonces y lo ha vuelto a poner de manifiesto en los últimos meses, tiene sobrada maestría para lidiar estas situaciones.

El próximo 24 de julio, el Sabadell presentará un nuevo plan estratégico para reforzar la defensa del banco con un proyecto de crecimiento y de más valor para sus accionistas. A la vez, acelera el proceso de venta de su filial británica TSB, que supone una complicación más, no prevista, para el objetivo del BBVA. El banco vasco no ha descartado llevar la decisión del Consejo de Ministros a los tribunales por entender que se produce una injerencia, apoyándose también en las advertencias realizadas desde Bruselas sobre las limitaciones que tiene el Gobierno para intervenir en este tipo de operaciones.

El Ejecutivo de Sánchez sostiene que atiende al interés general prohibiendo los despidos, el cierre de oficinas y la fusión de las dos entidades durante tres años, como mínimo. Preservando la autonomía de la gestión en el Sabadell, el Gobierno entiende que se protege a los clientes, especialmente a las pymes, de la reducción de la competencia en el mercado del crédito. Son los argumentos que han venido esgrimiendo el Principado y el empresariado asturiano para poner en cuestión la opa. Los mismos que también fueron enarbolados en Cataluña. Resulta llamativo que los efectos que no fueron suficientemente observados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que entre otras cuestiones tendría que velar por evitarlos, pasen a ser leitmovit de la Administración central.

El interés general al que alude tiene en el fondo una explicación política. En este caso, la presión catalana fue mayor que la ejercida desde el País Vasco. La opa no tuvo tanta entrada en la agenda del PNV como la que se produjo en la Generalitat. El PSC de Salvador Illa, las formaciones independentistas y los círculos de influencia nacionalista se manifestaron más sensibles con la hostilidad decretada por el Sabadell. El dictamen gubernamental también contribuye a la solidez de la relación entre Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios en un momento sumamente delicado para el presidente por los escándalos de la corrupción. La proa a la opa pasa a formar parte igualmente del conjunto de arreglos entre las partes. En la presente legislatura, en todo caso, no habría fusión, y queda en manos de quien dirija el país en la siguiente que se produzca o no.

Por otro lado, la resolución sienta un peligroso antecedente, pues con las mismas razones se podrían frenar la mayor parte de las operaciones empresariales en este país, sean o no amistosas. La pregunta es qué haría el Gobierno si mañana hay otros dos bancos que planteen unir su destino, concentrando su negocio y reduciendo plantillas y sucursales, como se ha venido haciendo en toda la reconversión del sector desde el crash de 2008, que se ha llevado por delante más de cuarenta operadores. La opa del BBVA marca un antes y un después que está por escribir.