La salida está en las urnas

El alcance de las fechorías del trío Cerdán-Koldo-Ábalos está aún por conocer. No se sabe exactamente hasta donde llega la corrupción, aunque sí donde tenían los despachos quienes participaban de la trama: En el Ministerio de Transportes y en la sede principal del partido en la calle Ferraz. Taparse los ojos ante esa realidad incuestionable es un acto de vileza política, extensible a todos aquellos representantes elegidos que, pudiendo corregirlo, acaban mirando hacia otro lado. Al final pasan a ser cómplices necesarios por saberlo, por consentirlo o por no actuar en el seno de la formación implicada o mediante la vía parlamentaria. Es totalmente reprochable, por otro lado, la actitud de unos socios que aprovechan la debilidad de un Gobierno malherido para mantener la sangría.

Los ceses, expulsiones, pedir perdón y que la justicia cumpla su papel no es, desde el punto de vista ético, suficiente. Ni tampoco los cambios de cargos y el establecimiento de códigos internos de conducta como se decidió ayer en el comité federal de los socialistas, sin apenas autocrítica y limitando la carga a los dirigentes ahora apestados que otrora eran los hombres de mayor confianza del líder absoluto del partido. Vale como higiene intestinal, pero no exime de la responsabilidad sobre los hechos ante la ciudadanía.

También genera dudas que elevar los castigos en el Código Penal por los delitos de corrupción acabe impidiendo estas prácticas. Hace justo una década que se produjo una reforma en ese sentido para incrementar las condenas, mejorar la transparencia y combatir la financiación ilegal de los partidos después de que se produjeran un buen número de inmoralidades en este país. Detrás quedaba la trama de la Gürtel o el 'caso Nóos'. El último cambio que se llevó a cabo, sin embargo, fue para aliviar el delito de malversación de caudales públicos con el fin de beneficiar a los acusados del 'procés', que por extensión favoreció la revisión masiva de castigos por administración desleal. La modificación llevaba consigo la conservación del poder sanchista, que es lo mismo que se está volviendo a tratar con la operación de cirugía estética iniciada ayer en la sede de Ferraz y que tendrá con toda seguridad una segunda sesión esta misma semana en el Congreso de los Diputados.

De todas formas, si se endurecen las penas habría que ver cómo se trata el tráfico de influencia, la prevaricación o el uso de recursos públicos por parte de personas no elegidas, familiares, amigos y allegados, en beneficio propio.

El intento de 2015 de sanear la vida pública por la vía de una legislación más punitiva no logró frenar estas conductas delictivas en España. Basta ver los datos del reciente Índice de Percepción de la Corrupción. La situación ha empeorado en los últimos años. El valor otorgado en 2024 descendió en cuatro puntos, situando al país a nivel de Chipre y la República Checa, con un evidente deterioro de la imagen ofrecida fuera de nuestras fronteras. Desde 2017, más de 2.100 personas estuvieron implicadas en procesos o investigaciones por casos de corrupción, el 65% de ellas fueron condenadas y estos delitos siguen figurando entre los más castigados con penas de prisión. Más del 70% pertenecen a la esfera política.

El 'caso Cerdán' no está incluido aún en la estadística de sobornos, comisiones por contratos públicos y malversaciones de fondos en las administraciones. Pero sí está contribuyendo a disparar la desafección, la indignación y la indiferencia hacia la política, que es mucho más grave, preocupante y peligroso para nuestro sistema democrático. Por eso, la mejor solución, la salida más eficaz, para emprender la regeneración que pide a gritos este país, es dejar que vuelvan a hablar las urnas. Solo así se podría recuperar la buena reputación, la credibilidad y la confianza en las personas que están al frente de las instituciones.