Asignatura pendiente

La demanda de un nuevo sistema de financiación autonómica está compartida por todos los territorios, sin que ello quiera decir que pidan las mismas cosas. Al contrario. Las posturas de partida son dispares porque hay comunidades, como Asturias, que piden valorar de forma más rigurosa el coste de prestar servicios a una población envejecida y dispersa por un territorio con orografía accidentada y en declive demográfico; otras demandan una mayor ponderación para la población escolar (Andalucía); mientras que hay comunidades que realizan aportaciones netas a otras regiones y exigen que al final su financiación por habitante no quede por debajo de las regiones receptoras de recursos (es el caso de Madrid, Baleares o Cataluña). El debate es complejo. A nadie se le escapa que poner de acuerdo a 17 gobiernos autonómicos, con intereses enfrentados, va a obligar a dotar al sistema de un mayor volumen de recursos, en el momento en que salimos de un socavón económico con un alto porcentaje de endeudamiento. Cuando aún no se ha iniciado la negociación, Asturias está bien ubicada al mancomunar esfuerzos con otros siete territorios que comparten problemas de despoblación y envejecimiento.

El hipotético acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas no nos exime de hacer los deberes que nos corresponden. Un parte sustancial del incremento de gasto se deriva del crecimiento de la plantilla de empleados públicos del Principado. Un incremento que en buena medida quedó sellado al recortar el horario de la jornada laboral y necesitar hacer las mismas horas de trabajo con el concurso de más personal contratado. Una decisión tomada por unanimidad en la Junta General del Principado. Hay otros gastos que son prescindibles porque apenas se racionalizó la estructura del sector público, a diferencia de lo hecho en casi todas las regiones durante la gran recesión de 2008. En la reforma de la Administración que diseña el vicepresidente del Gobierno asturiano habrá que abordar estas cuestiones, porque el desfase entre gastos e ingresos difícilmente quedará subsanado a través de una ponderación al alza del coste de los servicios públicos y el consiguiente trasvase de recursos desde el fondo de garantía. Es preciso gestionar de otra manera, sin dar por buenas las inercias que vienen de los tiempos en que recibimos las principales transferencias de servicios públicos.

Sin salirnos de la materia presupuestaria, otra cuestión a reconsiderar es el bajo nivel de ejecución de las cuentas anuales. En el actual ejercicio y los dos precedentes, al empezar el último trimestre del año había más de un 65% de las partidas inversoras sin ejecutar. La misma observación hay que hacer con los tradicionales fondos europeos. De 832 millones del anterior presupuesto (2014-2020) se quedaron la mitad sin gastar. Un dinero ideado para 'regiones en transición' se esfuma sin producir beneficio. La llamada a mejorar la gestión es particularmente pertinente cuando estamos en vísperas de administrar la mayor cantidad de recursos procedente de Europa.